CIUDAD de MÉXICO, 21 de abril de 2016.- La probable destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, abre una perspectiva de ingobernabilidad, inestabilidad profunda y la posibilidad de represión en ese país, afirmó Lucio Oliver Costilla, académico del Centro de Estudios Latinoamericanos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

En un comunicado el investigador  señaló que en el Senado de Brasil, dijo, se espera que proceda el impeachment (o impugnación), al que calificó como un “aventurerismo” de la derecha brasileña, a la cual no le importa destruir ni instituciones ni el equilibrio social que hasta ahora habían logrado los gobiernos de izquierda.

El también autor del libro El Estado ampliado en Brasil y México explicó que el juicio a Rousseff es inédito, pues si bien la constitución brasileña contempla la impugnación a los responsables del Ejecutivo que violen su carta magna, la actual mandataria no ha incurrido en ello.

De darse la destitución de Dilma Rousseff, estaría inhabilitada durante 180 días, tiempo en el cual la presidencia recaería en el vicepresidente Michel Temer, uno de los principales instigadores para su caída.

La misma presidenta Rousseff ha denunciado que hay una conspiración para darle un golpe de Estado, apuntando que su vicepresidente, Michel Temer, es uno de los conspiradores.

A Rousseff, agregó, no se le juzga por actos de corrupción sino por ocultar las dificultades económicas de ese país en el momento de las elecciones.

“El juicio es ideológico y político, no jurídico”, recalcó el especialista en política brasileña. 

“Estamos ante una situación grave, la perspectiva de gobernabilidad y estabilidad no es buena. Brasil ya era un país violento. ¿Qué va a pasar en las favelas? Esta situación abre la posibilidad de la represión como forma de lograr una gobernabilidad autoritaria, lo cual es preocupante porque hablamos de un país que vivió una dictadura militar, porque sus conflictos estructurales sí son profundos”, planteó.

Oliver Costilla expuso que en caso de que el vicepresidente Michel Temer —del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña— asumiera el cargo, no tendría legitimidad ya que nunca podría haber accedido a la presidencia por votación directa, además de estar vinculado con actos ilícitos.

También el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y quien promovió el juicio a Rousseff, carece de legalidad, pues el Supremo Tribunal Federal lo investiga por corrupción y mentir sobre tener cuentas en el exterior (se le han detectado cuentas bancarias por más de cinco millones de dólares en el extranjero) al igual que al 60 por ciento de los integrantes de la comisión investigadora, sobre los cuales hay investigaciones de delitos.

“Éste es un aventurerismo de la derecha que destruye instituciones y no parece importarle, que acaba con equilibrios sociales a cambio de ganar”, señaló.

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