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IGUALA, Gro. 21 de Julio de 2014– Cualquier servidor público que cometa algún delito que contempla la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se hará acreedor a una sanción que consiste en la inhabilitación de 2 a 6 años para ejercer un cargo público o la destitución del cargo, en caso de que esté en funciones.
Así lo informó el director de Información y Blindaje Electoral de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), Isaac Enrique Sanromán de la Torre y agregó que también tendrá una sanción de 2 a 9 años de prisión y una multa equivalente de 200 a 400 días de salario mínimo.
Al disertar la conferencia “Delitos Electorales” como parte de los talleres organizados por la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), con motivo del proceso electoral que se avecina, detalló que con la ampliación del catálogo de delitos electorales y penas más severas, como de 2 a 9 años de prisión, los programas sociales se están “blindando”, porque se trata de los apoyos para la población más vulnerable y no se vale que se juegue con la necesidad de la gente por cuestiones políticas.
Consideró importante prevenir los delitos electorales porque todos los ciudadanos “queremos un mejor país que heredarle a nuestros hijos”, además de las sanciones que son muy severas.
Sanromán de la Torre especificó que estás sanciones se aplican cuando se presentan conductas prohibidas por la ley penal en materia de delitos electorales, como el coaccionar a los subordinados o inducirlos para apoyar a un partido, candidato o coalición; condicionar programas sociales; destinar fondos públicos a favor de un partido, candidato o coalición.
El funcionario de la PGR, agregó que cualquier persona que amenace con suspender o condicione la entrega de los programas sociales, sea o no servidor público, para apoyar a determinado partido político o candidato, va a la cárcel.