Interviene Congreso para evitar despido de casi mil empleados de Salud

CHILPANCINGO, Gro., 29 de julio de 2014.- Luego de sostener una reunión con el titular de la secretaría de Salud en el estado, Lázaro Mazón Alonso, diputados locales ofrecieron llevar a cabo una estrecha colaboración con la dependencia para evitar el despido de 998 trabajadores de la dependencia, a quienes sus contratos no serán renovados, pues en un mercado laboral adverso y muy restringido, esa acción significará un grave quebranto económico para igual número de familias.

Incluso los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, Roger Arrellano Sotelo, Verónica Muñoz Parra, Oscar Díaz Bello, Karen Castrejón Trujillo y Julieta Fernández Márquez, así como Alejandro Arcos Castro, Jorge Camacho Peñaloza y Víctor Salinas Salas, quienes estuvieron presentes en la reunión, se comprometieron a promover un acuerdo parlamentario para exhortar a los Ejecutivos federal y estatal a que se destinen mayores recursos a la dependencia con ese fin.

Hace unos días, por instrucciones del contralor general del estado, Antonio Arredondo Aburto, y sin dar mayor explicación, la dependencia fue conminada a dar de baja a esa cantidad de trabajadores que laboraban por contrato, sobre todo en el área de activación física, luego de pasar algunas auditorías a los recursos que ejerce la secretaría.

El secretario Mazón Alonso explicó a los diputados que el programa de activación física es muy  importante porque tiene que ver con la prevención de enfermedades derivadas de la obesidad y no debe desaparecer, sino impulsarse porque “con la prevención de enfermedades es donde el estado se puede ahorrar una gran cantidad de recursos”, ya que de la obesidad derivan los miles de casos de hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónico degenerativas que en un plazo no muy largo pueden rebasar la capacidad hospitalaria del sector.

Asimismo se destacó que en éste momento ya se vive en Guerrero una situación de apremio, pues se estima que por lo menos el 50 por ciento de las camas disponibles en los hospitales del estado, son ocupadas por pacientes hipertensos o diabéticos.

Independientemente de ello, se dijo que dar de baja a casi mil trabajadores representará una erogación extra de casi 40 millones de pesos, lo que resulta absurdo en un estado que adolece de empleos formales.