LECTURA POLÍTICA

Castigo para ex gobernantes, pero fuera del país

Si el ex gobernador priísta de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, desviaba recursos por al menos 300 mil pesos mensuales y los depositaba en bancos españoles hasta que fue detenido por la policía de ese país, ¿cuántos más ex mandatarios del país tendrán sus “ahorritos” invertidos en empresas, comercios, bienes raíces, negocios con socios millonarios y hasta en las bolsas de valores como una forma de ocultar fortunas mal habidas?

¿Hasta dónde y hasta qué punto los investiga el gobierno federal una vez que abandonan su responsabilidad? ¿Acaso será necesario que se descubran estos desvíos millonarios de dineros por parte de otros países, porque en México sencillamente, las autoridades no quieren ni pueden investigar pasados turbulentos en la función pública?

¿Es que pueden más las complicidades entre los personajes del poder, como para seguir instalados en la fiesta cínica de la simulación y la corrupción a gran escala?

Con el deleznable caso Moreira, se confirma que en México, la justicia y la Ley contra los gobernantes corruptos solo se aplica cuando se trata de venganzas políticas,no con el fin de resarcir el daño a todos los mexicanos ni a la Hacienda pública.

La prueba de ello es que comodinamente, esos mismos personajes regresan a buscar los cargos de elección popular, pese a los escándalos y las acusaciones que los rodean.

Perciben el poder desde la óptica patrimonialista y nepotista: es mío, de toda mi familia y de mis amigos. Y nadie los molesta ni les dice nada. Por eso, la política se ha viciado.

Y si se tiene que entender la impunidad con que opera la delincuencia organizada, el primer paso consistiría en comenzar a atacarla desde la función pública, pero como los mensajes de la impunidad surgen y se solapan justamente desde las estructuras del poder, entonces su combate deriva en una falacia. Una aberrante mentira que solo cabe en los discursos gubernamentales y en la torcida imaginación de los políticos. De ahí se abren otras lecturas:

1.- En México, los partidos políticos se entienden muy bien. Tan bien, que la gran mayoría de los gobernadores que terminan su periodo como tales, no son molestados. Ni con auditorias financieras rigurosas ni a fondo, ni con acusaciones de corrupción o desvíos de dineros públicos para uso privado.

Y se entiende: desde las estructuras de los poderes estatales, los apoyos financieros fluyen y se reparten para todos los partidos políticos.

Se entiende que los partidos opositores no pueden esculcar los bolsillos de los otros porque esta búsqueda terminaría por alcanzarlos.

Y así, el perverso círculo se cierra en el esquema de las complicidades y los acuerdos políticos inconfesables.

Todos felices y contentos.

2.-El presidente Peña Nieto no ha metido a la cárcel a ningún ex gobernador.

En Guerrero, por ejemplo, mandó a prisión al hermano del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero por presumible peculado pero dejó que el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, se atascara con el presupuesto.

Y ante los señalamientos de corrupción y desvíos millonarios de recursos hechos por sus adláteres priístas, el presidente del país guardó un pesado silencio.

Como si con ello dejara claro el mensaje: es el costo financiero que la federación tuvo que pagar, por apaciguar y atemperar la protesta pública, tras la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Y la prueba más fehaciente de todo lo anterior, es que el gobernador Héctor Astudillo calló al respecto.

También su secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, quien traía literalmente, la espada desenvainada contra la administración de Rogelio Ortega.

El presidente alivió lo anterior de una sola forma: inyectó los recursos económicos que presumiblemente se desviaron en la pasada administración, a la presente. Y el gabinete astudillista guardó el escándalo para abrirlo cuando lo considere políticamente conveniente, pero sin que ello implique cárcel para los ex mandatarios.

Como le ocurrió a Moreira, resulta impensable que en México eso ocurra. Tienen que intervenir fuerzas políticas externas para destapar cloacas nacionales y castigar a los corruptos.

HOJEADAS DE PÁGINAS… La diputada priísta y presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, asume que en Guerrero “no hay ingobernabilidad, sino convulsión”. Pero el concepto en su definición amplia, extraña control. Y hasta el momento, el control ha escapado por todas partes en el gobierno que preside Héctor Astudillo. Entonces, sí hay ingobernabilidad. Flor Añorve ignora y confunde la diferencia entre una y otra palabra.