Teléfono rojo
En México cada año se amplía la cobertura educativa. Sin embargo, no todos los egresados encuentran un trabajo digno. Según el informe intermedio “Perspectivas de Políticas Educativas 2015 de la OCDE, en nuestro país el desempleo de jóvenes entre 25 y 34 años de edad con estudios universitarios es del 8%. Estamos atravesando por una paradoja respecto a educación y empleo, pues si ahora hay más población alfabetizada, sus conocimientos no son competitivos.
El desempleo es un fenómeno multicausal y tiene que ver con desequilibrios macroeconómicos propias de la globalización, hasta lo que la OCDE llama “la pobre formación educativa de los mexicanos que tiene sumido al país en la mediocridad productiva desde hace 20 años”.
Esto ha sido como una piedra en el zapato para las autoridades mexicanas desde hace un cuarto de siglo y hoy le ha tocado a Peña Nieto retomar la reforma educativa para reducir la brecha entre ambas dimensiones, aunque en el camino tenga que lidiar con el sector más rijoso del gremio magisterial: La Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual se autodefine como una organización de masas que se rige por el principio de lucha de clases, que, lo mismo, se lanza en contra del imperialismo, como oferta su apoyo a los oprimidos, a la revolución cubana (sic) y al socialismo.
Rechaza la modernización educativa, porque la consideran atentatoria a los derechos laborales, profesionales y sindicales de los trabajadores de la educación y también porque afecta, según ellos, al carácter público, laico y gratuito de la educación.
Los líderes de la CNTE-CETEG durante muchos años estuvieron vendiendo su adhesión al sistema a cambio de jugosas canonjías económicas y políticas. En esos tiempos su convicción socializante no emergía: privilegios mataideología. Fue necesario que el gobierno anunciara el cambio de las reglas del juego que alteraría su estado de confort para que brotara su naturaleza antisistémica, fortalecida por la barbarie de Iguala.
Para el gobierno, el objetivo de la reforma es regular a nivel nacional los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar. La reforma establece que la SEP deberá revisar y evaluar los programas de educación normal y formación de maestros de educación básica, por lo menos cada cuatro años.
En este escenario, hay dos actores en pugna: la SEP y la CNTE, que en Guerrero se denomina CETEG, tres manzanas de la discordia: Ingreso y promoción, Profesionalización y estímulos e incentivos para los maestros, y un cuarto afectado, quizás el más importante, los niños y jóvenes del país, que actualmente carecen de conocimientos y habilidades para insertarse exitosamente en la sociedad y en el campo laboral. Jóvenes con deficiente desempeño escolar, derivado de un sistema educativo sin calidad, que incrementa el riesgo de estar desempleados.
No hay marcha atrás, para abatir el rezago educativo se tiene que agotar la ruta del desarrollo de nuevas habilidades cognitivas y sociológicas en niños y jóvenes, para forjar ciudadanos capaces de enfrentar los retos del mundo contemporáneo. Y ello, tiene que pasar, forzosamente, por la actualización del personal docente.
Visto así, la resistencia a la reforma de unos cuantos profesores, no le queda mucho combustible.