El principio de la igualdad ante la ley, obliga al Estado a establecer los mecanismos jurídicos para garantizarla. Ambas ideas constituyen los pilares fundamentales que sostienen la relación armoniosa entre el Estado y la sociedad.

Sin embargo, este enunciado no deja de ser abstracto cuando se trata de aterrizar en el plano de la realidad social.

Desde el siglo XVIII, con las primeras revoluciones burguesas, hasta nuestros días, aún persisten en el mundo grandes desigualdades.

El sociólogo Alemán-Norteamericano Reinhard Bendix en su famoso libro La construcción nacional y ciudadanía, cita que “la igualdad formal ante la ley solo beneficia a aquellas personas que, por su independencia económica y social, pueden sacar partido de sus derechos legales.

Y que una de las formas a que pueden recurrir las clases bajas, para que sus intereses económicos estén representados, es apelar al derecho de asociación que les otorga la ley” (hasta aquí la cita).

 No obstante, hay un amplio segmento de la población que, por su condición de pobreza o apatía no esté dispuesto a organizarse y carguen sobre su espalda el fardo de la desigualdad, aunque ese no sea el propósito de la ley.

Ahora bien, en México ¿por qué habría el individuo que soportar esa carga? Sin tratar de generalizar, o de poner a todos los casos en un mismo casillero, las tres hipótesis más próximas a soportar una explicación del fenómeno, podrían ser: 1) la existencia de un círculo vicioso –parafraseando a Stiglitz– entre inequidad económica y desigualdad política, 2) la cultura política de súbdito y parroquialismo de la masa, y 3) la educación sin calidad en muchas escuelas y universidades públicas y el bajo aprovechamiento escolar de un amplio porcentaje de los alumnos. 

Para nadie es un secreto que el río de la desigualdad económica desemboca en el océano de la desigualdad política y a su vez la desigualdad política aumenta la desigualdad económica, creando una brecha que, con las leyes vigentes, resulta imposible de reducir, debido a que el sistema tributario de nuestro país favorece a los más ricos, principalmente a los monopolios empresariales y financieros, con quienes el gobierno ha establecido un juego perverso de reciprocidad: el  agradecimiento del apoyo al régimen a cambio de bajas tasas impositivas y lagunas en la ley  para propiciar la evasión y elusión de impuestos, que exenta de gravamen  a cuantiosos capitales cuyo puerto de destino son los paraísos fiscales, mientras los banqueros con altas tasas de intereses sangran la economía de los pobres a través del crédito al consumo.

La otra parte es cultural, es decir, durante medio siglo las clases bajas fueron dependientes del Estado benefactor.

 Gracias a estas transferencias tenían aseguradas la alimentación, la educación y la salud, hasta que vino su desmantelamiento con la entrada del neoliberalismo en la década de los ochenta, cuyo sello distintivo son el adelgazamiento del Estado y la preeminencia del mercado como distribuidor de riqueza basado en la competencia, para lo cual, en el mercado laboral, se requiere una formación académica y tecnológica de calidad, algo muy lejano todavía de proveer por el sistema educativo nacional.

Sobre este particular, es pertinente traer a colación el reciente estudio sobre movilidad social (Emovi-2011), en donde se menciona que “el sujeto promedio tendrá mayor movilidad si alcanza una mejor posición laboral que le produzca mayores ingresos.

Que esta posición se logra, entre otros factores, si cuenta con una mayor y mejor escolaridad”.

 Los investigadores también descubrieron que la escolaridad sí ha crecido en México, pero no necesariamente con calidad y esto la hace nula o limitada para generar riqueza, y difícilmente los hijos de los hogares pobres podrán superar el estatus económico de los padres en veinticinco años.

Esto se debe a que el origen social sigue pesando fuerte en la culminación de estudios superiores, que aunado a otros factores como: a) no todo alumno matriculado tiene vocación para el estudio, b) el bajo desempeño profesional y ausentismo de los profesores y c) la pobre calidad de los programas educativos en educación básica y profesional, hacen que el ideal de reducir la brecha de la desigualdad en México, sea cada vez más inalcanzable.