La reconstrucción del Estado de Derecho en México

Reaccionando a la crisis de Estado que vive nuestro país, el presidente Enrique Peña Nieto anunció diez puntos de acción que comprende el plan de legalidad y justicia, en el que adicionalmente se informó que creará nuevas zonas económicas especiales para impulsar el desarrollo.

Primera: La ley contra la infiltración del crimen organizado, la cual establecerá que la federación asuma el control de los servicios municipales o se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios que están involucrados con la delincuencia organizada. Segunda: Se redefinirán las competencias de cada autoridad de cara al delito. Tercera: Creación obligatoria de las policías estatales únicas, por lo cual se creará un nuevo modelo policiaco en 32 grupos sólidos.

Cuarta: Se acelerará el establecimiento de un número telefónico único para emergencias, a nivel nacional, que permitirá a los mexicanos contar con un medio eficaz, para pedir auxilio en casos de urgencia. Se buscará que este número sea el 911 por ser el más reconocido a nivel mundial. Quinta: Formar un registro de clave única de identidad, para facilitar los trámites. Sexta: El Gabinete de Seguridad implementará un operativo especial en la zona de Tierra Caliente, en los estados de Michoacán y Guerrero.

Séptima: Enviará, en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana. Octava: Fortalecer los instrumentos para proteger los derechos humanos, detallando la tortura, las desapariciones forzadas y la localización de personas. Se fortalecerán los protocolos y procedimientos, para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales. Se establecerán indicadores adicionales en materia de Derechos Humanos, en coordinación con la CNDH y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Novena: Promover la pronta aprobación de las diversas leyes y reformas para combatir la corrupción. Décima: Se fortalecerán los principios de Gobierno Abierto en la Administración Pública Federal. En este marco, instruyó a la Secretaría de la Función Pública a desarrollar un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal. También Peña Nieto anunció medidas enfocadas a la reducción de la pobreza, la marginación y la desigualdad que, aseguró, también son causa de la situación que atraviesa el país.

¿Y porqué hasta ahora actúa EPN para redimensionar el Estado de Derecho en México? Tuvieron que pasar la gravísima desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa que despertó entre la población un sentimiento de solidaridad inmediata, que ha derivado en manifestaciones políticas y sociales al margen de las estructuras partidarias tradicionales. En la experiencia de las últimas semanas, destaca un discurso duro y lleno de odio contra el sistema de partidos y contra la noción general de “autoridad”, de la mano de la exigencia de renuncias en distintos órdenes de gobierno y de la dirigencia del propio PRD.

La salida del gobernador perredista de Guerrero, y la crisis sin precedente de su partido, fueron las consecuencias tangibles del descontento popular ante la represión ejercida desde un gobierno municipal, mismo que paradójicamente había sido electo a través de un proceso democrático.
Intereses difusos y probablemente conectados han dirigido sus baterías contra el presidente Enrique Peña Nieto. Desde distintos espacios se ha alimentado una atmósfera de reproche a la reacción del primer mandatario a los eventos de Iguala pretendiendo, en todo momento, transferirle injustamente la responsabilidad de los actos criminales de José Luis Abarca y su esposa, con el claro propósito de desestabilizar su gestión y buscar su caída. En pocas palabras, golpismo rudimentario y primitivo, pero golpismo al fin.

Para el presidente Enrique Peña Nieto hay grupos que, al amparo del dolor por lo ocurrido en Iguala, Guerrero, quieren desestabilizar al país. En la que fue su primera aparición pública tras su viaje a China y Australia, Peña Nieto  puso en duda las protestas de grupos cuyo “objetivo no es claro”, en alusión a las manifestaciones que han derivado en vandalización de inmuebles oficiales, partidistas y comerciales. “Parece que responden a un interés por generar desestabilización, desorden social y atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”, acusó. Su gobierno, reiteró, busca la verdad sobre el ataque a normalistas de Ayotzinapa y que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

Ante los problemas que enfrenta, México requiere reformas para hacer vigente el Estado de derecho. El argumento, que a fuerza de repetirlo comienza a ser cliché, es correcto: el país efectivamente requiere que la convivencia social se regule a través de la ley, una ley igual para todos. La pregunta es si la élite mexicana renunciará al Estado de privilegios que tanto los ha beneficiado para transitar a un Estado de derecho.

Las élites —política, económica, militar, mediática, intelectual, cultural, artística, religiosa, profesional y en general todos los grupos que por alguna razón u otra están en la cúspide de la pirámide social del país— no están acostumbradas a respetar la ley en México. Se sienten por arriba de ella, con el privilegio de hacer lo que se les pega la gana: desde meterse en las colas hasta cometer delitos gravísimos.

En México vemos cotidianamente el triste Estado de privilegios. Ejemplos abundan. Menciono algunos. Empresas comienzan a construir edificios sin tener en regla los permisos. Algunos lo hacen con la influencia de haber financiado la campaña de las autoridades. Otros simplemente corrompen a los inspectores o están amparados por un juez amigo. Pregunta: ¿van a querer esos empresarios, parte de la élite del país, renunciar a sus privilegios para ceñirse al imperio de la ley?

Políticos van escalando la pirámide del poder y, conforme lo hacen, se enriquecen cada vez más. Se convierten en parte de una élite que manda a sus hijos a prestigiosas escuelas privadas. Se tratan en los mejores hospitales, incluso del extranjero. Andan en enormes camionetas blindadas rodeadas de guardaespaldas. Viajan en aviones privados. Cuando sale a la luz pública un escándalo sobre su riqueza inexplicable, inventan historias absurdas y recurren a la protección de sus aliados políticos. Los medios de comunicación les venden coberturas noticiosas favorables. Pregunta: ¿van a querer esos políticos transitar a un Estado de derecho renunciando al Estado de privilegios que tanto los ha enriquecido?

Apostar a la destrucción de nuestro sistema democrático, con sus virtudes y defectos, es sin duda una salida falsa al clima de violencia y abusos que se presentan en algunas zonas de nuestro territorio. México es una democracia incipiente, pero genuina. Expulsar el golpismo y las intenciones antidemocráticas es responsabilidad de todos los actores sociales.
Bienvenidas las propuestas del Presidente Peña Nieto, ahora habrá que implementarlas y a esperar que todos los grupos sociales acostumbradas a la impunidad las respetan, empezando por la elite política. Es cuanto.