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CHILPANCINGO, Gro., 7 de enero de 2016.- La diputada local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María de Jesús Cisneros Martínez advirtió que el Congreso local del estado dejará sin derechos ni reconocimiento a los pueblos indígenas de Guerrero en caso de que la Ley 701 no sea adecuada a más tardar el próximo mes de abril, fecha en que pierde vigencia.
En conferencia de prensa este jueves en el Congreso local, la legisladora recordó que con la reforma a la Constitución Política del Estado de Guerrero efectuada en abril de 2014, se derogó el artículo 10, donde se sustenta la Ley 701 la cual establece que esta ley tiene plazo de dos años para ser reformada a efecto de no perder su vigencia.
Manifestó que en diciembre del 2015, la Comisión de Asuntos Indígenas y Afroamericanos del Congreso local no aceptó la propuesta de Morena la cual consistía en reformar el artículo 1 de la Ley 701 que se integrara en una ley secundaria a los artículos del 8 al 14 de la Constitución local.
Manifestó que el Congreso incurrirá en una irresponsabilidad política al no respetarse los artículos tercero y cuarto transitorios de la Constitución Política del estado.
De lo anterior, anunció que Morena emprenderá una serie visitas en comunidades indígenas de la Costa Chica y La Montaña para informar a los pueblos sobre la situación jurídica en que se encuentra la Ley 701 de reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el estado de Guerrero.
Adelantó que propondrá a los habitantes indígenas amuzgo, nahuas, mixtecos y tlapanecos de los municipios de Guerrero recolecten firmas con la credencial de elector y estas sean entregadas al Congreso local para que la actual legislatura ajuste la Ley 701 a los textos de los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15 de la Constitución del estado.
La Ley 701 de reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el estado de Guerrero, fue decretada en el último año de gobierno del ex mandatario del PRD, Zeferino Torreblanca Galindo pero no promulgada por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
En esta ley da institucionalidad a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC PC) de La Montaña y Costa Chica de Guerrero y determina la jurisdicción de aplicación de justicia entre el sistema comunitario y el Tribunal Superior de Justicia del Estado.