Lo condenan por privación de libertad de exdiputado en Chilpancingo
TLAPA, Gro., 4 de abril de 2014.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de la casa de justicia de San Luis Acatlán emitió un boletín en el cual aseguran que están recuperando sus funciones con el resguardo permanente de las comunidades adscritas, luego del desconocimiento de los ex coordinadores en una asamblea en la sede de Espino Blanco el pasado 29 de marzo.
Asimismo, desconocen tanto a David Bracamontes Chona como vocero de la CRAC e invitaron a autoridades y ciudadanos adscritos a una casa de justicia del sistema comunitario (Cochoapa) -no validada en asamblea-, a denunciar irregularidades ocurridas en la impartición o procuración de justicia en dicha región.
Advierte que es acuerdo de asamblea revisar el proceso de incorporación de cada una de las comunidades de los municipios de Juchitán, Igualapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec y Cuajinicuilapa adscritas a la casa de justicia de Cochoapa porque han observado “graves irregularidades en el nombramiento de policías comunitarios, en el cumplimiento del Reglamento Interno y en el respeto a los principios del sistema comunitario”.
El documento propone a autoridades y vecinos de dichos municipios acudir a la casa de justicia de San Luis Acatlán a denunciar agravios y arbitrariedades que les hayan sido cometidas y solicitar la revisión y reposición del proceso de incorporación de su comunidad al sistema comunitario.
En el comunicado, enviado desde San Luis Acatlán, firmado como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, la posición respecto a las declaraciones de el ex líder de la UPOEG en la Costa Chica David Bracamontes Chona, quien funge como coordinador de la casa de justicia de Cochoapa, la cual no fue validada en asamblea regional sino en reunión de sólo algunas comunidades, es de desconocimiento ya que “no es autoridad formal ni moral dento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) para decir que la asamblea del 29 de marzo es inválida”.
Posteriormente aseguran que están pendientes la continuación de las investigaciones del fraude cometido contra la CRAC, así como del aparente atentado contra Villar Castillo, las detenciones de
Valentín Hernández, Ignacio Navarro y Armando Zavala que también manejan como desaparición, así como el acontecimiento en el cual hubo disparos por parte de la guardia permanente y grupos de comunitarios afines a Villar Castillo.
El texto descalifica a Bracamontes Chona y asegura que olvida mencionar que fueron los ex coordinadores de San Luis Acatlán Eliseo Villar, Adelaida Hernández y Tiburcio Lorenzo los de Cochoapa y El Paraíso quienes rompieron los acuerdos de la asamblea del 22 de marzo al convocar a una asamblea alterna a la de Espino Blanco.
El comunicado, apunta a decir que con las acciones de la contra asamblea del 29 efectuada en Cochoapa se intenta encubrir el fraude cometido por Eliseo Villar en contra de nuestra institución comunitaria.
También lo califica de represor al haber declarado que Valentín Hernández, Pablo Guzmán e Ignacio Navarro están presionando para las decisiones que se han tomado por parte de comunidades de Espino Blanco y San Luis Acatlán en asambleas regionales y recuerda que con las declaraciones de Villar Castillo y Hernández Nava en agosto pasado se propició “la represión en la Casa de Justicia de El Paraíso y la detención de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, y otros varios compañeros”.
Aclaran por otra parte que no ha sido acuerdo de la CRAC establecer alianzas con el CECOP, UPOEG, CETEG, UNISUR, y aunque reconocen que tiene relaciones con algunas de dichas organizaciones no hay determinación de un frente común.
El documento declara nula e ilegítima la reunión convocada en Juchitán para el 6 de abril ya que esta siendo convocada por personas que ya fueron desconocidas como coordinadores regionales.
La CRAC al mando de San Luis Acatlán, señala que están recuperando o reiniciando relaciones con actores sociales y políticos en la región, a nivel estatal y nacional, sin dar nombres, ya que según el texto se vieron afectadas durante el periódo de Eliseo Villar Castillo.
Ratifican su actuar apegado a su reglamento interno, con respeto al Convenio 169 de la OIT, al 39 de nuestra Carta Magna, a los principios y misión histórica de la CRAC PC, el respeto a los derechos humanos, a la impartición de justicia y seguridad de acuerdo con las practicas de los pueblos y a la reeducación de los detenidos con una visión humana.