CIUDAD DE MÉXICO, 23 de mayo de 2016.- Organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas hicieron un llamado al Senado a no aprobar las propuestas realizadas a la minuta de la Miscelánea Penal, y al Congreso en su conjunto para que demuestre un claro compromiso con la erradicación de la tortura como prioridad legislativa.

Reiteraron su descontento en que la Ley General en materia de Tortura no sea contemplada para el periodo extraordinario acordado por el Congreso para el 13-17 de junio, después de que en enero de este año se venció su aprobación.

“Legalizar que las fuerzas de seguridad no pongan a las personas detenidas a disposición de la autoridad ministerial de la localidad de la detención, sino que puedan llevar a la persona a otro lugar distinto ‘por cuestiones de seguridad o atendiendo las características del hecho investigado’. Esto significa no más y no menos que legalizar la paseada, es decir la retención inconstitucional y prolongada durante la cual ocurren actos de tortura.

“Suspender indefinidamente el plazo máximo de la prisión preventiva cuando la persona imputada denuncia tortura. Puesto que gran número de personas imputadas se encuentran en prisión preventiva, debido a la aplicación automática de tal medida, esto significa que una persona acusada falsamente con base en una prueba fabricada bajo tortura, se podría quedar años en la cárcel con su proceso suspendido, medida que provocará que las víctimas de tortura simplemente se desistan de su denuncia”, comentaron en un comunicado.

Además de que se elimina el derecho de la defensa de desahogar pruebas en la audiencia inicial. En otras palabras, incluso si la persona cuenta con un video que demuestre que estuvo en otro país el día del delito, no lo puede reproducir y podría ser encarcelada y procesada.

“Recordamos que en semanas pasadas, el país se conmovió y se indignó ante varios videos circulados en las redes que muestran actos de tortura por fuerzas federales y estatales, así como uno en el que un funcionario de la Procuraduría del Estado de México reconoce que la fabricación de delitos es una práctica ‘de toda la vida’”.

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