TIXTLA, Gro., 21 de agosto de 2014.- Policías Comunitarios, normalistas y pobladores de Tixtla marcharon por las calles del municipio para exigir la liberación inmediata de Nestora Salgado García, comandante regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá, detenida hace un año.

    Armados con machetes, los integrantes de la CRAC de Tixtla encabezaron la movilización, seguidos por pobladores, familiares de policías comunitarios presos y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Los comunitarios cubrieron sus rostros con pañuelos y pasamontañas, mientras que los pobladores y familiares de los detenidos mostraron pancartas contra los tres niveles de gobierno.

    La CRAC difundió un documento entre los habitantes, en el que recordaron cómo el 21 de agosto de 2013, elementos de la Marina Armada, Ejército y Policía Estatal interceptaron el vehículo en el que se desplazaba Nestora Salgado y la detuvieron sin orden de aprehensión.

En el operativo para detener a “La Comandante”, se desplegaron tanquetas, camionetas hummer y un helicóptero.

    Recordaron que en esa misma fecha se realizaron operativos policiaco-militares contra la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de Los Libres.

El documento indica que ese día las autoridades tomaron por asalto las comisarías municipales de Tlatlauquitepec y El Paraíso, donde liberaron a más de 40 delincuentes que se encontraban en proceso de reeducación, según marcan los usos y costumbres indígenas.

    “A un año de esos operativos policiaco-militares, continúan detenidos en el penal de Acapulco los compañeros de Ayutla: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Justo. Por otra parte, la compañera Nestora Salgado García se encuentra en el penal de mediana seguridad de Tepic, Nayarit, sometida a un trato inhumano mediante un aislamiento total. Hasta hoy el gobierno ha pasado por encima de la ley al no permitir una defensa adecuada”, se lee textualmente.

Reprocharon que, en cambio, los 40 delincuentes liberados fueran considerados “víctimas de la CRAC” y volvieran a sus lugares de origen, bajo la protección del gobierno estatal.

    “Nuestros compañeros no cometieron delito alguno, pues las actividades que realizaron están dentro del marco legal, puesto que nos respalda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero y el Convenio 169 de la OIT”, se explica en el documento.

En la movilización también reclamaron la libertad de sus compañeros encarcelados, entre ellos el promotor de la Casa de Justicia, Gonzalo Molina Gonzalez; el consejero regional, Arturo Campos Herrera y el coordinador regional, Bernardino García Francisco.

    Además exigieron la liberación de Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) y de José Manuel Mireles Valverde, vocero de las autodefensas de Michoacán.

La Policía Comunitaria de Tixtla acusó a los tres niveles de gobierno, de agredir a los pueblos y comunidades que se organizan para defenderse de la delincuencia.

    Consideraron que esta agresión demuestra la complicidad de los gobiernos con la delincuencia organizada.

“Al gobierno y a los poderosos les conviene que nuestro pueblo esté sometido, dividido y atemorizado, para imponer sus reformas llamadas pomposamente estructurales, mismas que atentan contra el interés de los trabajadores y lesionan la soberanía nacional, al entregar los recursos estratégicos de la patria a empresas extranjeras”, se leía en el documento difundido por la CRAC.