MÉXICO, DF, 30 de septiembre de 2014.- México es el país latinoamericano más mortífero para la prensa en los últimos años, anunció hoy Reporteros Sin Fronteras (RSF), que denunció el asesinato en este país de 81 periodistas entre enero de 2000 y septiembre de este año, publica El Universal con información de EFE.
Le siguieron Colombia, con 56 muertes; Brasil con 38, y Honduras, donde el número de asesinatos, según la organización, se disparó tras el golpe de Estado de enero de 2009, y se ha elevado a 27 en el periodo considerado.
Esos cuatro países sumaron 202 muertes de profesionales de los medios o colaboradores que, para RSF, son crímenes que tienen una “relación evidente o probable con su profesión” , dado que en la mayoría sigue sin conocerse su móvil exacto.
“Muchos de estos periodistas fueron víctimas de su afán de denunciar las violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado, la corrupción, las injerencias. Casi todos estos crímenes permanecen impunes hasta la fecha debido a la falta de voluntad política y de un sistema judicial eficaz” , denunció RSF.
Para Reporteros, esas cifras son “todavía más preocupantes” por el hecho de que ninguno de esos países está “oficialmente en guerra, aunque en Colombia los paramilitares continúan presentes y en México se emprendió una ofensiva nacional contra el narcotráfico bajo la presidencia de Felipe Calderón” .
RSF detalló que con el inicio de esa ofensiva los periodistas que investigan sobre ese tema han pasado a estar en la línea de mira de autoridades y narcotraficantes.
Ese país, en su opinión, ha destacado también este año por el refuerzo del control gubernamental sobre la información, y por la “ineficacia” de dispositivos como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
De otros como Brasil se lamentó que la prensa haya sido víctima de las tensiones surgidas durante el Mundial de fútbol y ante la cercanía de las elecciones presidenciales de octubre, mientras que de Honduras se recriminó que nuevas leyes que pretenden reforzar los mecanismos de control hayan afectado directamente al acceso a la información.