MÉXICO, DF, 6 de septiembre de 2015.- A nivel mundial , México es el segundo país con más víctimas de trata de personas después de Tailandia, y en Latinoamérica, sólo por debajo de Brasil, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Sin embargo, la legislación mexicana carece de iniciativas y leyes que tipifiquen el delito específicamente para los funcionarios públicos que en su momento participan en la comisión de la trata de personas, como la Policía Federal, Ejército o agentes del Instituto Nacional de Migración, aseguró en entrevista con Quadratín México la diputada Loretta Ortíz Ahlf.

Actualmente la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas sólo dicta que será sancionado a los que se hagan partícipes de este acto ilícito, “no al funcionario público que tenga conocimiento, haya permitido o por acto u omisión permita que se violen los derechos humanos de cualquier persona o migrante legal o ilegal”, consideró la integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios.

La también secretaria de las comisiones de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, mencionó que elementos militares, federales y migratorios se ensañan especialmente con las personas que no tienen una estancia legal en el país. “A los migrantes los sacan de las estancias para ser explotados. Cualquier cárcel es hotel de cinco estrellas comparadas como están ellos. Hasta el momento no hay iniciativa aprobada para acabar con la impunidad”.

La diputada federal del Partido del Trabajo y también secretaria de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, mencionó que el país lleva más 20 años con este problema, pero hasta ahora “es cuando ya se le está poniendo todas las linternas porque la situación es alarmante por el número de personas que todos los días son objetos de tratas y de migrantes niñas, niños y adolescentes”.

En tratados internacionales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se complementa con el Artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.

Por otro lado, la legisladora del PT calificó como irrisoria la reciente cifra sobre los desaparecidos que dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR). “Es ridícula la cifra de que son seis mil personas desaparecidas, si los informes de Naciones Unidas han documentado más de 26 mil.”