La narcoviolencia contra candidatos a puestos de elección popular en Guerrero sumada a las luchas intestinas de los cárteles en esa entidad suriana, han dejado nuevamente evidenciado que las autoridades locales, estatales y federales incluyendo a las fuerzas armadas han sido rebasadas de manera preocupante. Lo cual quedo demostrado con la violencia suscitada en el Estado de Jalisco, el pasado fin de semana.

Y es que muchas cosas han pasado desde que, a finales de 2006, se declaró la guerra en contra del narcotráfico. Hemos conocido el terror de las fosas comunes, las detenciones arbitrarias, la brutalidad de los cárteles. Historias espeluznantes que han marcado a una generación entera.

La polarización política que se agudiza naturalmente durante el periodo electoral dificulta aún más el abordaje de los retos de la seguridad. Abordar el objetivo de la reducción de la violencia desde un punto de vista científico —y no hay otra manera de conseguir buenos resultados— requiere la libertad para practicar una de las principales armas del pensamiento científico: la elaboración de hipótesis, la experimentación para probar esa hipótesis y la evaluación de los resultados de ese experimento. Cobrar políticamente por cada error sólo limita esa libertad para elaborar hipótesis sólidas y limita también la posibilidad de convocar para la elaboración de éstas no sólo a equipos multidisciplinarios, sino de dentro y de fuera del Estado.

La semana pasada tuvimos el ejemplo más reciente, con los acontecimientos en Guadalajara y otras ciudades de Jalisco, en una jornada en la que pudimos atisbar el abismo. La exhibición de fuerza de los grupos delincuenciales no amerita sino una respuesta contundente, pero que debemos tener cuidado en cómo es concebida: la promesa de que caerá todo el peso de la ley sobre los responsables es justa, pero hace temer que se ciernan tiempos aciagos sobre la población. Los delincuentes han demostrado que tienen los recursos, la preparación y, sobre todo, que no dudarán en utilizar a su favor el miedo de la ciudadanía para conseguir sus fines. El desafío al Estado es frontal, y la situación actual es la más grave que hemos enfrentado, en términos de seguridad, en décadas. Estamos en guerra, es cierto, pero también lo es que no seremos capaces de ganarla si no sabemos lo que significa la victoria.

Desde mi opinión, es momento de buscar nuevas soluciones, antes que abrir un capítulo nuevo de sangre y destrucción en cualquiera de nuestras ciudades del país. Soluciones que quiten poder a la delincuencia al cerrarle los puntos de entrada a la política; soluciones que ataquen las finanzas, que rompan las cadenas de valor, que resten apoyo ciudadano a quienes hoy gozan de completa impunidad. El mero uso de mano dura sólo generará más violencia.

El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en la organización delictiva con mayor capacidad de violencia en el país. De ser un grupo de choque al servicio del desmembrado cártel de los Beltrán Leyva, el CJNG ha adquirido, en pocos años, el tamaño y la preparación suficientes para retar al Estado en una amplia franja del occidente del país, reemplazando en sus áreas de influencia a los también desarticulados Caballeros Templarios.

No en vano, la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes ha sido señalada por la DEA y otras instituciones de procuración de justicia como el mayor peligro criminal que enfrenta México. Con sus socios Los Cuinis, el CJNG ya controla la región de Tierra Caliente en Guerrero, Michoacán y Edo. De México, que hasta hace año y medio era feudo de los Templarios, y ha incursionado lo mismo en la producción de mariguana y amapola que de drogas sintéticas como el crystal.

El Cártel Jalisco Nueva Generación no pudo resistir la tentación de mostrar su poderío, proporcionó valiosa información a las autoridades y violó una de las reglas del enfrentamiento informal: mostrar capacidades y armas. Error útil también para las autoridades porque pueden saber que la hipótesis con la que estaban trabajando era equivocada o limitada: la dimensión, extensión y poder letal del enemigo eran mayores de los imaginados. Y no hay forma de avanzar hacia la solución de un problema si antes no se sabe bien cuál es la naturaleza de éste, si no se le define correctamente. El viernes y el sábado mostraron una gran capacidad de coordinación, actuando simultáneamente en una veintena de municipios de Jalisco, así como en zonas de Colima, Michoacán y Guanajuato. También exhibieron armamento pesado y capacidad de manejarlo, como en el ataque contra un helicóptero Cougar del Ejército Mexicano.

La idea de experimentar en materia de seguridad resulta, naturalmente, repulsiva. Una hipótesis mal diseñada puede resultar en pérdida de vidas humanas y en sufrimiento innecesario a la población ajena al conflicto, como ha sucedido estos días en Jalisco. Pero no hay otra vía. No hay un “manual de buenas prácticas para combatir al crimen organizado”, no hay receta que se pueda aplicar universalmente.

Las declaraciones del Presidente Peña Nieto, del Secretario de la Defensa Nacional y de la Titular de la PGR muestran la preocupación del Estado mexicano por el incremento de los niveles de violencia de los miembros del crimen organizado, y prometen encarar con toda la fuerza del estado. Sin embargo, no hemos en México alcanzado a los niveles de narcoviolencia que tuvo Colombia en su momento, por lo que todavía podemos esperar cosas peores. Que Dios nos agarre confesados.

ES CUANTO.