CHILPANCINGO, Gro., 14 de agosto de 2015.- El gobierno de Guerrero negó medidas cautelares a las comunidades en las que operan las policías comunitarias del FUSDEG y la UPOEG, a pesar de que el conflicto entre ambos grupos ha dejado decenas de muertos.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, informó que desde hace meses solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal que otorgue medidas cautelares a las comunidades del corredor Ocotito-Xaltianguis.

Explicó qur el objetivo de estas medidas cautelares es garantizar la seguridad de la población que quedó inmersa en la pugna entre el FUSDEG y la UPOEG.

El ombudsman guerrerense lamentó que la SSP haya negado la protección a los pueblos, a pesar de que el conflicto entre ambos grupos de policías comunitarios ha subido de intensidad.

Dijo que esta falta de garantías de seguridad ha derivado en enfrentamientos y asesinatos entre la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la autodefensa del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).

Destacó que actualmente se vive una tensión muy fuerte, tras el asesinato en Xaltianguis de Miguel Ángel Jimenez Blanco, fundador y promotor de la UPOEG e iniciador de la búsqueda de fosas clandestinas en Iguala para dar con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

Recordó que a principios de junio se registró un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos del FUSDEG en Xolapa, en la zona rural de Acapulco, que dejó un saldo de 13 muertos.

Más recientemente fue asesinada en San Marcos la maestra Nelva Edilia Sanchez Lopez, tercera comisaria de Ocotito y dirigente del FUSDEG.

UPOEG y FUSDEG se acusan mutuamente de operar para la delincuencia organizada y ser los responsables de sembrar la violencia en el corredor Ocotito-Xaltianguis.

Para el presidente de Derechos Humanos, la violencia que se vive en esta zona y las decenas de muertos por el conflicto entre ambos grupos de policías comunitarias es responsabilidad del gobierno de Guerrero, porque se ha negado a otorgar seguridad a la población.

Informó que la respuesta de la SSP a la solicitud de medidas cautelares para los pueblos de la ruta Ocotito-Xaltianguis fue negativa.

En cambio, la SSP pidió que Derechos Humanos actúe como mediadora en el conflicto entre grupos comunitarios.

“El gobierno del estado quiere que nosotros seamos un enlace entre FUSDEG y UPOEG para lograr el diálogo y apaciguar el conflicto, pero la verdad es que la Comisión de Derechos Humanos no puede sola”, reconoció Navarrete Magdaleno.

El ombudsman estatal insistió en que la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero debe de adoptar medidas para que no haya más muertos por el conflicto entre policías comunitarias.

“Pedimos medidas cautelares, hay que asegurar la integridad de la gente en la zona de conflicto entre FUSDEG y UPOEG”, reiteró.