No hay ley de consulta a comunidades para proyectos mineros

ACAPULCO, Gro., 8 de octubre de 2015.- Aún no hay una ley en materia de consulta para las comunidades en las que se pretenda poner en marcha un proyecto minero, explicó el titular de la Unidad de Utilización de Suelo para Proyectos de Energía e Inversiones Físicas de los Fondos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) Ricardo López Pescador.

Durante la conferencia magistral, Comunidades, ANP e Inversiones Mineras, los panelistas expresaron la importancia de una ley de consulta en comunidades indígenas que dijeron, “debe ver la luz”, ante la resistencia de pobladores a la extracción en las mismas.

El funcionario dijo que debe existir una ley para que la autoridad actúe y así armonizar los objetivos de la industria con los de la comunidad y que la sociedad vea los beneficios que pueden tener estas obras.

Por su parte, el director general del CEMDA, Gustavo Alanis Ortega manifestó durante su intervención que al llegar una minera a una población, ésta generalmente se siente “ofendida”, “no tomada en cuenta” y con la percepción de que las empresas llegan con “soberbia”, por lo que consideró importante cambiar esto.

Ante ello, representante manifestó la importancia de que los empresarios sean sensibles y tomen en cuenta las necesidades y preocupaciones de las personas.

Por otro lado, Ricardo López indicó que se espera que para la primera semana de noviembre esté en Guerrero uno de los comités que faltan por instalarse en los estados para el Fondo Minero Nacional, presididos por Sedatu, que deberán estar conformados por representantes de los municipios con actividad minera, de empresas mineras con gran volumen de extracción, de los núcleos agrarios, así como del gobierno del estado.

El funcionario mencionó que el recurso global de este fondo es de 2 mil 100 millones de pesos que se distribuirán entre estados y municipios y se pretende que se apliquen entre noviembre y diciembre.

Afirmó que en el fondo se destina a obras de impacto social en comunidades donde hay extracción minera como remodelación y construcción de centros escolares, pavimentación de calles y caminos, alumbrado público, así como plantas tratadoras de agua.