ACAPULCO, Gro., 31 de julio de 2014.- Ante la exigencia de una ley de amnistía para liberar a los activistas de la CRAC, CECOP y la Policía Comunitaria, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), Iñaki Blanco Cabrera, desestimó la propuesta de ese instrumento.

En conferencia de prensa en el puerto de Acapulco, el fiscal guerrerense aseguró que la PGJE cuenta con pruebas suficientes, con las cuales inició los procesos en contra de los llamados luchadores sociales, según lo publicado por Milenio.

“No procede una ley de amnistía. Yo me remito a los antecedentes, en ese sentido, tiene que ver con presos con motivaciones o de carácter político, no es el caso”.

“Es un asunto de secuestro agravado no es ni una ni dos, sino que son varias víctimas, aquí no hay nada de prefabricado que quede claro”, remarcó.

Detalló que los procesados son la coordinadora de la CRAC en Olinala, Nestora Salgado García, el coordinador de la casa de justicia de El Paraíso, Arturo Campos; el coordinador de la Policía Comunitaria en el municipio de Tixtla, Gonzalo Molina González; Bernardino García Francisco, comandante de seis comunitarios, y el líder del CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz.

Recientemente el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero se había comprometió con un grupo de diputados federales para buscar los mecanismos por los cuales sean liberados los activistas.

Blanco Cabrera, fiscal guerrerense insistió que en la PGJ, la ley no es negociable bajo ninguna circunstancia política.