Se extiende gala de pirotecnia a más destinos emergentes de Guerrero
CHILPANCINGO, Gro., 11 de febrero de 2014. Entre los años 2006 y 2013, Guerrero se posicionó como el estado con mayor número de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, según revela el informe Defender los Derechos Humanos en México: El costo de la dignidad.
El estudio fue impulsado por las organizaciones Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Acuddeh), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.
De acuerdo a las estadísticas, de diciembre de 2006 a mayo de 2013, Guerrero registró el 36.5 por ciento del total de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país, en empate con Oaxaca.
Entre los casos recientes de ejecuciones extrajudiciales están las de Celso Chávez Segura y Fortino Méndez Segura, miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPyCC).
Ambos fueron asesinados el 11 de noviembre de 2012, cuando viajaban en una cuatrimoto por un camino de terracería.
Días después, su tía Juventina Villa Mojica fue asesinada en una emboscada, a pesar de contar con medidas cautelares.
Villa Mojica era dirigente del OCESPyCC y al momento de su asesinato encabezaba a 45 familias de La Laguna que se desplazarían a la comunidad Puerto de las Ollas para refugiarse del acoso de grupos paramilitares y talamontes.
Junto a la dirigente murió su hijo Reinaldo Santana Villa, de apenas 17 años.
Otro caso de ejecución extrajudicial documentada es el indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, el 20 de junio de 2009.
El hombre viajaba en un camión hacia el Distrito Federal, junto a otras 40 personas; al llegar a un retén del Ejército Mexicano, en la comunidad de Huamuxtitlán, el vehículo se detuvo.
Los militares interrogaron a un hombre porque sus botas les parecieron sospechosas, pero luego de varios minutos el chofer arrancó para retomar la marcha.
Esto provocó que los militares abrieran fuego contra los cristales del autobús, matando a Rubio Villegas, quien entonces tenía 30 años.
En lo que respecta a la desaparición forzada, Guerrero registró 19 casos de diciembre de 2006 a mayo de 2013; las víctimas fueron defensores de los derechos humanos.
Con esta cifra, Guerrero se colocó como el estado con mayor número de desapariciones forzadas, superando a Michoacán con 13 casos y Oaxaca con 10.
Todos los casos de desaparición forzada registrados durante este periodo permanecen impunes.
De acuerdo al informe presentado por las organizaciones, 2011 fue el año que registró mayor número de desapariciones de personas defensoras de los derechos humanos.
El estudio reveló al menos cuatro formas de operar de los perpetradores: los autores de la desaparición son directamente agentes del Estado que actúan con o sin uniforme reglamentario; los autores de la desaparición son agentes del Estado que pertenecen, al mismo tiempo, a estructuras del crimen organizado; los autores de la desaparición son grupos paramilitares que, bajo la lógica del Estado, cometen las desapariciones forzadas; los autores de la desaparición son directamente miembros del crimen organizado con complicidad de agentes del Estado.
Entre los casos recientes registrados de desaparición forzada figura el de los miembros del Frente de Unidad Popular (UP), quienes el 29 de mayo de 2013 denunciaron ante el Ministerio Público estatal al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por el temor de que pudiera atentar contra sus vidas.
Los integrantes del Frente de Unidad Popular fueron “levantados” en Iguala un día después, el 30 de mayo de 2013.
Héctor Delgado Arroyo, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amate Luna y Gregorio Dante Cervantes escaparon de sus captores y se encuentran con vida.
El paradero de su compañero Jimmy Castrejón aún se desconoce, mientras que Rafael Balderas Román, Ángel Román Ramírez y Arturo Hernández Cardona fueron ejecutados extraoficialmente.
De junio de 2012 a mayo de 2013, Guerrero se colocó como el estado con mayor número de víctimas de desaparición forzada, con ocho casos en sólo 11 meses.
Entrevistado al respecto, el titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno reconoció que el activismo en Guerrero es una situación de riesgo.
Informó que el Consejo Técnico de la Coddehum sesionará el jueves 13 de febrero para analizar la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos de la entidad y determinar las estrategias de acción.