Panorama sombrío en Guerrero

Al parecer Guerrero seguirá dando de qué hablar en el 2015. Una entidad en que sucederán serios problemas políticos y sociales este año. Y esos conflictos no solo surgirán de las violentas disputas entre cárteles por controlar la producción, el tráfico y comercio de amapola, mariguana y drogas sintéticas, y debido a los recurrentes casos de secuestros y extorsiones, sino por motivos políticos y causas provenientes de conflictos sociales derivados de la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa.

Decía un experto en temas internacionales, que hacer un análisis comparativo con otras realidades sociales, es un ejercicio académico que resulta de suma utilidad en el campo del derecho. Los especialistas recomiendan hacerlo en relación con países más desarrollados que el nuestro, a efecto de aprender. Ya que cuando las comparaciones se realizan respecto a otras latitudes menos evolucionadas pueden terminar en un ejercicio de autocomplacencia.

Esto viene al caso, por la capacidad de respuesta del gobierno francés al incalificable atentado perpetrado a periodistas de la revista Charlie Hebdo resulta admirable. En tan sólo tres días, se identificó, localizó y dio muerte a los responsables de la matanza. Resultaron ultimados cuatro rehenes y los tres terroristas. La acción fue implacable. La razón de Estado fue prioritaria.

Y en México, cuando se revisamos la respuesta de nuestro gobierno federal a los incalificables acontecimientos de Ayotzinapa y en contra de las reiteradas acciones ilegales que grupos radicales han estado cometiendo en el país, las cosas van en un sentido totalmente inverso. Y es que existen muchos actores responsables que aún no han sido sometidos al peso de la justicia. El exgobernador Ángel Aguirre, principal causal de la desaparición de los jóvenes, al encubrir a los responsables en los días posteriores del secuestro, no ha sido procesado y sigue siendo considerado por el PRD, como un actor político vigente y poderoso con el que se tiene que negociar, tal y como lo menciono el Senador Rios Piter al explicar su negativa a participar en el proceso electoral guerrerense.

Las provocaciones contra el gobierno federal, no son casuales y están perfectamente planeadas. Las tomas de casetas de peaje, aeropuertos, cierre de autopistas, oficinas de gobierno y múltiples acciones más, ya son hechos cotidianos. La tolerancia del gobierno federal ya ha rebasado sus propios límites. Dejar de aplicar la ley constituye también un ilícito. Quienes encabezan las instituciones de gobierno, juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Y como la cereza del pastel, El próximo 7 de junio habrá comicios para elegir gobernador, Congreso local y alcaldes de 81 ayuntamientos en la entidad. Más allá del desprestigio de la aristocracia política guerrerense de todos los partidos, hay otro problema: los maestros disidentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), junto a organizaciones sociales con las cuales han conformado lo que denominan Asamblea Nacional Popular (ANP), han advertido que harán todo lo posible por impedir la realización de los comicios. Y ya sabemos que cuando así lo desean, literalmente incendian y destrozan impunemente lo que quieren, desde la puerta de la Casa Guerrero hasta el Congreso local, pasando por las instalaciones del gobierno guerrerense y de partidos políticos, sin olvidar sus arremetidas contra numerosos ayuntamientos, varios de los cuales, por cierto, ya están en su poder desde hace meses.

En estas condiciones, el INE y su Comisionado Presidente, Lorenzo Cordova, han insistido que pase lo que pase habrán elecciones en Guerrero. Inclusive ya han retrasado su calendario de actividades electorales en la entidad. ¿Quién garantiza que el crimen organizado no se infiltre? ¿Quién asegura que se impedirá que los movimientos sociales, muchos con agendas literalmente de insurrección, bloqueen el desarrollo del proceso electoral? ¿Alguien va a declarar en las próximas semanas que hay condiciones para que se lleven a cabo elecciones normales en ese estado? Quiero ver qué dicen cuando algunos de estos grupos impida actos proselitistas. O a ver qué dicen a las primeras amenazas de los delincuentes.

Es una vergüenza que en pleno siglo XXI, Guerrero no pueda tener un ejercicio democrático pleno y con todas las garantías de ley, independientemente de la porqueriza en que han convertido la política no pocos políticos. Es una vergüenza y será una grave derrota del Estado mexicano si así ocurre. La aplicación de la ley es urgente por parte del gobierno federal como de los académicos convertidos en burocracia estatal, que no les tiemble la mano.

ES CUANTO