Pide Coparmex a candidatos su carta de no antecedentes penales

CHILPANCINGO, Gro., 10 de abril de 2015.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jaime Nava Romero, informó que solicitarán a los partidos políticos y sus candidatos a los diferentes puestos de representación popular que presenten sus cartas de no antecedentes penales y declaración patrimonial, para asegurar que no lleguen al poder personajes vinculados a la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, Nava Romero recriminó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) haya “minimizado” el caso del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, actualmente preso por delincuencia organizada y lavado de dinero, así como por su responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa.

“Es una pena, una tristeza que la presidenta del IEPC no haya hecho lo necesario, junto con los demás consejeros, para solicitar y poner como requisito a los candidatos el acta de antecedentes no penales”, recriminó el dirigente empresarial.

“Creo que al IEPC ya se le olvidó quien era el presidente municipal de Iguala, tan rápido, en unos cuantos meses ya se le olvidó la calidad moral que tenía”, lamentó.

Nava Romero aseguró que la sociedad “pide a gritos” que se garantice que los candidatos no tienen vínculos con la delincuencia, para evitar que se repita otro caso Ayotzinapa.

Por ello, sostuvo que “por moral, por solidaridad y por humanidad”, el IEPC debió de exigir a los aspirantes sus cartas de no antecedentes penales, pero en cambio, minimizó la exigencia ciudadana.

Ante esta omisión, indicó que la Coparmex solicitará formalmente a los partidos políticos que sus candidatos presenten carta de no antecedentes penales y declaración patrimonial, para asegurar que no se hayan enriquecido ilícitamente.

Subrayó que los candidatos deben de cumplir con un requisito básico de transparencia, para garantizar que no se hayan enriquecido a costa del erario público y que sus familiares o ellos mismos no tengan vínculos con la delincuencia organizada.