CHILPANCINGO, Gro., 11 de julio de 2014.- La titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, Beatriz Mojica Morga, solicitó al Senado de la República reconfigurar las reglas de operación sobre las tarifas eléctricas, ya que a comunidades en condiciones de pobreza extrema se les cobra igual que a habitantes en zonas con el más alto índice de desarrollo social.

Asimismo, pidió legislar sobre políticas públicas que definan el acceso al servicio eléctrico como un derecho humano.

Al participar en el Foro Nacional de Energía, que se realizó en la Cámara de Senadores, Beatriz Mojica urgió a los legisladores realizar acciones inmediatas sobre el tema, ya que más del 60 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema en regiones como la Montaña y Costa Chica, y a pesar de ello, arrastran adeudos de varios miles de pesos por consumo de energía eléctrica.

Expuso que no es mediante subsidios como se solucionará la huelga de pagos por servicio eléctrico que hay en Guerrero, sino a través de tarifas acordes con la realidad que se vive en esas zonas.

La funcionaria estatal señaló que hay enormes diferencias entre los estados del sur y los del norte.

“Las tarifas en México están basadas en la temperatura, y si seguimos con este esquema no vamos a lograr equidad social nunca, por una simple y sencilla razón, el tema de la Montaña, la temperatura es más baja que en el  norte”, por lo tanto, la tarifa impuesta por la Comisión Federal de Electricidad es más alta a pesar del bajo índice de desarrollo social.

Explicó que las personas en Guerrero afectadas por los elevados cobros no se oponen a pagar por el servicio eléctrico, sino que piden que se reconozca que existe desigualdad social y debe considerarse el nivel de ingresos.

Reiteró que se reconozca que en este país existe una población vulnerable de muy bajos ingresos, que no tiene capacidad de pago, y que necesitamos buscar un mecanismo que reconozca esa desigualdad.

“Necesitamos una solución de fondo. Sólo podremos lograrlo con leyes más justas. Tiene todo que ver con las reglas de operación. Tiene que haber un cambio de la correlación de cómo armamos las políticas públicas y eso parte de la legislación”, concluyó la funcionaria estatal.