Piden en foro sobre reforma al campo proteger la economía agrícola

CHILPANCINGO, Gro., 27 de julio de 2014.- Durante la declaración del segundo foro nacional sobre Reforma del Campo, Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación, se concluyó que la reforma del campo debe garantizar el derecho constitucional a la alimentación y nutrición, prioritariamente con alimentos de origen nacional y de acuerdo a las tradiciones culturales.

Además se subraya que la propiedad social de la tierra “constituye las formas históricas de tenencia del país, resultados de largos procesos de lucha por lo que la protección y consolidación de la propiedad social de la tierra es condición indispensable para lograr la soberanía alimentaria y nutricional del país”.

El encargado de leer las conclusiones del foro, las cuales salieron de tres mesas de trabajo denominadas Reforma Agraria, Soberanía alimentaria y derecho a la alimentación e Impacto de la reforma energética, fue el diputado federal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez.

El documento marcó 24 puntos, y entre ellos dijo que la economía campesina y la agricultura familiar son piedras angulares para el desarrollo rural integral, por lo que su impulso es estratégico y que para lograr una soberanía alimentaria y nutricional se requiere del “diseño y operación de un Sistema Nacional de Planeación Alimentaria y Nutricional”.

Se concluyó que es necesario que la reforma del campo se exprese en una política de Estado “que reoriente los apoyos gubernamentales, principalmente del presupuesto que deberá reestructurarse para proporcionar apoyos a lo largo de los eslabones de las cadenas alimentarias, con un nuevo enfoque de gestión territorial y democrática”.

Se dijo que la nueva política del Estado debe comprender programas que integren los insumos estratégicos para la producción a lo largo de las cadenas alimentarias.

También que la inversión en infraestructura productiva debe ser parte esencial de la nueva política de Estado, “los bienes públicos serán la parte sustantiva de la misma”.

Asimismo, que la utilización de organismos “genéricamente modificados en las variedades endémicas donde el país es centro de origen y diversidad deben estar prohibidas”.

También el fortalecimiento de la capacidad nacional de producción de fertilizante, “considerando de manera particular los de tipo orgánico, deberán ser parte sustantiva de la nueva política”.

Se propuso la creación de varios fondos como el de desarrollo regional, que tendría el objetivo de apoyar proyectos y emprendimientos locales y regionales surgidos de planeación participativa, donde haya órganos colegiados-ciudadanos.

Otro es el fondo contra riesgos naturales con cuota de los productores. Otras de las propuestas es crear el Registro Nacional de Productores Campesinos y de Agricultura Familiar, para que sea una sola tipología nacional, no 32 tipologías estatales como es actualmente.

Sobre la reforma energética se concluyó que los efectos en el campo es que se manifestarán en procesos de desestabilización social, debido al amplio rechazo de la misma, producto de la pobreza y marginación de los pequeños productores.

Los resolutivos señalan que con esa reforma se dañan los recursos naturales y no habrá a quién responsabilizar.

También se va reducir los niveles de producción debido al deterioro de las tierras productivas.

Señala además que es indispensable declarar constitucionalmente a la producción agropecuaria como actividad prioritaria para el desarrollo nacional por encima de cualquier otra actividad.

Otra de las conclusiones es impulsar la consulta popular para promover la revocación de la reforma energética.
Antes de que diera la clausura, el diputado federal José Antonio León Mendívil dijo que mientras en Estados Unidos un propietario de un lote si encuentra oro, carbón o petróleo se hace millonario, en México con la reforma energética para el ejidatario o la comunidad donde se encuentre petróleo “va a ser una maldición, pierde todo, esa es la diferencia y el impacto que tendrán estas reformas”.

Acusó que los diputados del PRI hablan de bondades, que con las reformas va bajar el gas, la gasolina, la luz, y se les ha respondido que como lo hizo Enrique Peña Nieto, que “traigan a un notario público y nos digan que todo eso va a ocurrir, pero pos supuesto no lo hacen y no lo van hacer”.

Antes de la lectura de las conclusiones se dio una plenaria de las mesas de trabajo donde se concluyó que hay una dispersión de los recursos federales del Programa Especial Concurrente, pues hay más de cien programas.

(Información de El Sur)