MÉXICO, DF, 22 de octubre de 2014.- Luego que la PGR informó sobre la responsabilidad directa del presidente municipal, José Luis Abarca, y miembros del crimen organizado en la desaparición los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, aseguró que la resolución no deslinda al gobernador Ángel Aguirre Rivero de la responsabilidad que pudiera tener.

En entrevista en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, el perredista Alonso Raya dijo que no adelantaría juicios, pues le corresponde a la PGR determinar y definir quiénes son los responsables cuando cierre su investigación y aprehenda a los que considera autores intelectuales y materiales de los hechos ocurridos en aquel municipio de Guerrero.

Sin embargo, consideró que debe de haber un antes y un después en el asunto de Tlatlaya e Iguala: “si no logramos el combate total a la impunidad, entonces seguiremos viendo los mismos hechos como aconteció en Acteal o Aguas Blancas, sin procesar a ningún funcionario de alto nivel”, aseveró el líder perredista.

El legislador guanajuatense respondió a pregunta expresa de Quadratín México que sobre el nuevo caso del estudiante de la Universidad de Guadalajara, secuestrado por presuntos elementos de la policía municipal y posteriormente hallado muerto en esa entidad, que no hay ninguna instancia e institución que pueda quedar al margen de la infiltración del crimen organizado.

Retomó que la impunidad y la corrupción en los cuerpos policíacos, incluido las propias élites del Ejército, se han dado desde antes. Recordó el caso del ya fallecido ex zar antidrogas Héctor Gutiérrez Rebollo, quien fue encarcelado al ser acusado de proteger al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’, líder del Cártel de Juárez, durante la presidencia de Ernesto Zedillo.

En el caso de los municipios en Guerrero intervenidos por la Gendarmería o Policía Federal, indicó que en su mayoría son municipios del PRI, no obstante señaló que no elude la responsabilidad del PRD en donde gobierna.

Con respecto al blindaje electoral, planteó que es necesario ir más allá de la ley en conjunto con el Instituto Nacional Electoral y la Procuraduría General de la República para tomar medidas adicionales a fin de evitar que ninguno de los candidatos a elección popular, para presidentes municipales y diputaciones federales, se les vincule con el crimen organizado.