CHILPANCINGO, Gro., 5 de noviembre de 2014.- El Congreso de Guerrero analiza aumentar la pena hasta 60 años de prisión, para quienes cometan el delito de desaparición forzada de personas, asimismo, que el gobierno estatal garantice una indemnización justa y adecuada, previa valoración con las víctimas.

De acuerdo a un comunicado, la iniciativa, que propuso la diputada Luisa Ayala Mondragón, plantea que es necesario tipificar el delito de desaparición forzada de personas conforme a los estándares internacionales.

Ayala Mondragón agregó que los derechos humanos y las garantías individuales siguen siendo vulnerados, principalmente de los luchadores sociales y recientemente de estudiantes.

Dijo que el caso del movimiento estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, y la desaparición de 43 jóvenes, es indignante y lamentable que se sigan cometiendo estos delitos.

Señaló que de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos existen 24 mil 800 personas reportadas como desaparecidas de las cuales 2 mil 443 se presume que están involucrados servidores públicos y el resto de desapariciones particulares.

Y en el caso de Guerrero más de 6 mil personas se encuentran desaparecidas de manera forzada o asesinado como resultado de la actual violencia.

Por lo anterior, la legisladora propuso que se aumente la penalidad por este delito de 40 a 50 años y cuando sea agravado de 50 a 60 años.

Asimismo, que se garantice a través del registro civil un procedimiento especial para declarar la desaparición forzada y propone que el documento se denomine certificado de ausencia por desaparición forzada y se entregue por lo menos seis meses después de la desaparición.