CHILPANCINGO, Gro., 27 de julio de 2014.- Los criterios aplicados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización de los comicios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para consejeros y congresistas derivó en que casi 300 perredistas, entre ellos el ex presidente interino Guadalupe Acosta Naranjo y la esposa de Jesús Ortega, la senadora Angélica de la Peña, interpusieran juicios de protección de derechos político-electorales de ciudadanos para ser incluidos en el padrón o en la lista de posibles candidatos.

Según lo publicado por La Jornada, la decisión de las corrientes perredistas para que los emblemas con los que participarán en este proceso aparezcan a color en las boletas electorales ha implicado un incremento en el presupuesto: pasó de 80 millones de pesos a cerca de 100 millones y podría aumentar más.

De acuerdo con el coordinador de la corriente Foro Nuevo Sol, Vladimir Aguilar, si las boletas electorales traen los emblemas en blanco y negro representan un gasto de alrededor de 3 millones de pesos, pero a colores asciende a 18 millones.

También dijo que tan sólo la capacitación para funcionarios de casillas significará un promedio de 30 millones de pesos, y un gasto aún mayor lo implica la papelería electoral para las elecciones del 7 de septiembre.

Por otro lado, las impugnaciones interpuestas en contra de la Dirección Ejecutiva y la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, ambas del INE, así como de la Comisión de Afiliación del PRD por “exclusión indebida” de militantes fueron resueltas por la Comisión Nacional de Garantías del partido, después que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las sobreseyó y envió para su dilucidación a ese órgano.

En total, sumaron 284, que incluyeron a integrantes de prácticamente todas las corrientes. Aparte de los ya citados, la senadora Alejandra Barrales, Dione Anguiano, Karen Quiroga Anguiano, José Luis Gutiérrez Cureño y Alejandro Encinas Nájera.

Todos argumentaron que al ser excluidos del padrón o de la lista de “elegibles” se vulneró su derecho de votar y de ser votados para los cargos partidistas a dirimirse.

Son alrededor de 55 mil cargos para congresistas nacionales y consejeros a este nivel y para estados y municipios.