CHILPANCINGO, Gro., 16 de marzo de 2015.- La interposición de un recurso de revisión extemporáneo al amparo concedido a Marco Antonio Suástegui Muñoz, a efecto de que el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) sea trasladado de inmediato al penal de La Unión en Guerrero, denota la “falta de voluntad política y el uso arbitrario del sistema jurídico por parte del Gobierno de Guerrero, con el único objetivo de continuar la criminalización a las personas defensoras de derechos humanos”, informó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en un comunicado.

 

El pasado 26 de enero del año en curso, una Juez resolvió el amparo interpuesto por la defensa de Marco Antonio Suástegui Muñoz, declarando la inconstitucionalidad e ilegalidad de su traslado al Penal de Máxima Seguridad de Tepic, Nayarit.

 

Sin embargo, el pasado 27 de febrero, el Director General de Reinserción Social presentó un recurso de revisión extemporáneo contra la resolución de amparo, el cuál fue interpuesto fuera del término legal, con el objetivo de interrumpir el traslado de Marco Antonio a Guerrero, asegura la organización.

 

Con esta actuación queda en evidencia el dolo por parte del gobierno del estado; lo que contrasta con el discurso público del titular del Ejecutivo Estatal al reunirse con integrantes del CECOP en los bienes comunales de Cacahuatepec, el pasado 3 de marzo del 2015”.

 

El pasado 9 del marzo el Primer Tribunal Colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto por el Director General de Reinserción Social en el Estado de Guerrero, José Jorge García Rivera, el cuál es totalmente improcedente porque fue interpuesto fuera del término legal, por lo tanto dicho recurso de revisión debe ser desechado y confirmada la resolución de amparo emitida por la Jueza Tercera de Distrito.

 

Cabe recordar que Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del CECOP, fue detenido el 17 de junio de 2014 en Acapulco, Guerrero y trasladado de manera ilegal al Cefereso de Nayarit a raíz de un expediente fabricado en su contra.

 

El proceso penal iniciado contra Suástegui Muñoz deriva de su lucha por la defensa del Río Papagayo frente a la imposición del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, proyecto económica, social y ambientalmente inviable y se suma a la innumerable cantidad de caso de criminalización en el estado.

 

Tlachinollan demanda confirmar la resolución que ampara a Marco Antonio Suástegui Muñoz y restituir las garantías a los derechos humanos del defensor comunitario, violentadas con su trasladado de manera ilegal al Centro Federal de Reinserción Social del estado de Nayarit.