ACAPULCO, Gro., 28 de noviembre de 2015.- Delegados regionales de la CETEG aseguraron que no permitirán la aplicación de ninguna de las tres modalidades que presenta la Reforma Educativa en ninguna de las regiones del Estado y que por ello en asamblea general se acordó el concentrarse y apoyarse todas para evitar que se lleven a cabo, por si llegaran a cambiar la sede, tal como hicieron con la fecha.

En  conferencia de prensa, los representantes regionales del Magisterio aseguraron que tras haberse cambiado las fechas  de aplicación de la evaluación en Guerrero se emprenderán una serie de acciones para la jornada de lucha, plan que iniciará el 2 de diciembre a las 17:00 horas y que la concentración de inconformes será en las oficinas de la Coordinación Regional Acapulco-Coyuca de Benítez.

Dicha concentración iniciará ese día debido a que según la información que ellos tienen, será el 2 de diciembre cuando comiencen a “reclutar” a los maestros que “en hoteles de lujo y con todos los gastos pagados para obligarlos a evaluarse”, declaró Manuel Salvador Rosas, delegado de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en Costa Grande.

Adelantaron que no permitirán de ninguna manera que se realicen los exámenes y no porque no se nieguen a ser evaluados, sino que lo que busca es que la evaluación sea formativa y para ello tienen propuestas que realmente beneficiarán en desarrollo del sector educativo.

En la conferencia estuvieron presentes Walter Añorve de Acapulco, Manuel Salvador Rosas de Costa Grande, Pastor Mónica de Costa Chica, José Luis  Rivera de Tierra Caliente, Antonia  Morales  de la región Centro y Arturo Nava de la región Norte.

Añorve Rodríguez manifestó su repudio hacia los “actos de represión que se ejercieron en contra de los compañeros pertenecientes a la Sección 22 en el estado de Oaxaca”, y criticó que “el gobierno Federal lejos de combatir la inseguridad, pongan a cientos de policías a reprimir a la sociedad.”

Agregó que se tiene entendido que la Federación tan sólo para “reprimir” la lucha de la sección sindical así como para otorgar seguridad a los postulantes se gastó alrededor de 45 millones de pesos.