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CHILPANCINGO, Gro., 27 de mayo 2014.- Licitaciones dirigidas, sobreprecios de hasta 300%, compras menores a las requeridas, robo de producto y enriquecimiento de funcionarios estatales son algunas de las anomalías que en los últimos dos años provocaron un quebranto de al menos mil 772 millones de pesos en la adquisición de medicamentos en cinco estados.
De acuerdo con información publicada en Excélsior, cada año desde 2010 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detecta irregularidades en el programa de Seguro Popular en la compra de medicamentos, que van de los 70 millones a los mil millones de pesos, principalmente por la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia o por la tercerización en la compra de los mismos, y que la han llevado a ordenar su recuperación en beneficio de las arcas federales.
En espera de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la Ley General de Salud promovida por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, que castiga hasta con siete años de cárcel a los funcionarios que desvíen recursos del sector salud, tiene el propósito de terminar con la “zona de corrupción” que la ASF detectó en el área de los servicios de salud estatales, que aprovechan las millonarias cantidades que transfiere la Federación.
Tan sólo en este 2014, las transferencias económicas a los estados integradas en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) ascienden a 67 mil millones de pesos. El presupuesto para surtir al Seguro Popular en todas las entidades federativas llega a 72 mil 330 millones de pesos.
De acuerdo con la ASF, la “zona de corrupción” que implican los servicios de salud en los estados generó desabasto, medicinas inservibles por estar caducas y, con ello, un deterioro natural en este servicio.
En los últimos dos años, las anomalías en cinco estados generaron quebrantos por mil 772 millones de pesos.
En Guanajuato hay involucrados seis millones 884 mil pesos; en Tabasco 700 millones de pesos; en Chiapas hay denuncias que implican 82 millones de pesos; en Guerrero por otros 42 millones de pesos y en Morelos por 942 millones de pesos.
Además, hay señalamientos en estados como Oaxaca, Zacatecas, Sonora y Jalisco, donde usuarios y personal médico hablan de irregularidades, pero no hay denuncia formal.
Con un registro de irregularidades en todos los estados, tanto en el IMSS o el ISSSTE, como en los hospitales y clínicas del Seguro Popular, la ASF ha emitido alertas que han servido para que el gobierno decidiera concentrar el gasto en medicamentos, para evitar el desvío de fondos y las compras engañosas en perjuicio de los derechohabientes.
Contra la opacidad
Fomentar la transparencia es uno de los objetivos de las reformas a la Ley General de Salud. Éstos son algunos de los propósitos.
Evitar que los gobiernos estatales desvíen los fondos del Seguro Popular para otros fines.
Responsabilizar a los mandatarios estatales por el uso de esos recursos y consolidar la compra de medicamentos para conseguir ahorros de hasta 30 por ciento.
La reforma obliga a los gobiernos estatales a destinar el cien por ciento del dinero de salud a ese rubro y no a otros.
Además tienen la obligación de que si hoy se les destina un peso para salud, no podrán asignarlo a otro rubro.