Propuestas y soluciones
El tiempo legislativo corre, y corre veloz. Diputados y senadores inician un periodo ordinario de sesiones por demás tupido… y con la maleta llena de ropa sucia.
A partir del martes sólo tienen hasta el 30 de abril para aprobar reformas en materia de procedimientos penales; ley reglamentaria del servicio ferroviario; seguridad social, pensión universal y seguro de desempleo; disciplina financiera en estados y municipios; en materia de arraigo; leyes para personas con discapacidad y adultos mayores; derecho de réplica; reforma política para el Distrito Federal; consulta popular… y las once leyes secundarias –que tienen un plazo constitucional vencido–, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, así como las 28 normas secundarias en materia energética.
Hay agenda pero no acuerdo acerca del orden en que ambas cámaras abordarán cada tema… pese a ser todos prioritarios.
Senadores y diputados prometen velocidad y precisión; prisa sin pausa, para sacar el montón de chamba en tiempo y forma.
El jaloneo legislativo que viene es de pronóstico reservado, sobre todo con la reforma energética, la cual seguramente será aprobada por mayoría de diputados tricolores, panistas, verdes y panalistas. En medio, no faltarán quejas, lamentos, reclamos, gritos, marchas y sombrerazos de las izquierdas… de todo eso, mucho.
También en chino se ve la reforma político-electoral.
De entrada el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) será dividido en dos para crear la Ley de Procedimientos Electorales, por un lado, y la Ley de Partidos Políticos, por otro. Además, habrá de modificarse la Ley de Delitos Electorales –inmersa en el Código Penal Federal– y la Ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución que regula el tema de la publicidad gubernamental con fines políticos. A eso súmele la iniciativa del Presidente de la República para descalificar a cualquier partido que compre espacios en medios de comunicación de manera ilegal.
Además, los diputados federales deben nombrar a los once integrantes del Consejo General del nuevo Instituto Nacional de Elecciones (INE), quienes tendrán primero que modificar decenas de ordenamientos internos del moribundo IFE. Además los nuevos consejeros del INE serán responsables de nombrar a los siete integrantes de cada uno de los institutos estatales electorales y habrán de fijar las bases del proceso federal y 15 estatales del año próximo … ¡ah! –casi lo olvidaba–, también decidirán el registro de tres nuevos partidos políticos: Morena, Encuentro Social y Frente Humanista.
Por cierto, lo que no sucedió al debatir la reforma político-electoral aprobada en el período anterior, ocurrirá en este: los líderes legislativos por fin tomarán en cuenta las observaciones de los cuatro consejeros ciudadanos quienes aun quedan en el IFE.
La carga de trabajo y el pleito seguro por las designaciones de los Consejeros del nuevo INE, y la propia organización de las contiendas electorales, no auguran nada bueno. Los puntos flacos de la reforma político-electoral saldrán a relucir de inmediato y más tardaremos en contar los votos que en plantear la necesidad de un nuevo marco electoral para 2019, promovido como siempre por quienes resulten perdedores en las urnas… cuento de nunca acabar.
Si los legisladores no ofrecen buenos resultados con las modificaciones legales, confirmarán que de la prisa sólo queda el cansancio.
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