CHILPANCINGO, Gro., 12 de diciembre de 2014.- A tres años del asesinato de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en un desalojo de la Autopista del Sol, no hay responsables detenidos.

De acuerdo a lo publicado por Reforma, en enero de 2012, la Procuraduría de Justicia de Guerrero detuvo a los agentes ministeriales Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés Flores como presuntos autores materiales del asesinato de los dos normalistas.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación que envió al Gobierno de Guerrero, a ambos judiciales se les ve portando rifles AR-15 en posición de tiro hacia la Autopista del Sol en dirección donde los dos jóvenes caen muertos a balazos.

Sin embargo, en 2013, los dos agentes ministeriales salieron en libertad luego de que un juez federal les concedió un amparo.

El ex dirigente de Ayotzinapa, Jorge Castrejón Cotino, señaló que a tres años de que sus dos compañeros fueran asesinados nadie de los responsables intelectuales que ellos acusaron, entre ellos el ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero; el ex Procurador de Justicia, Alberto López Rosas, y el ex Secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, han sido investigados.

En el caso de Aguirre, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan interpuso ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político, petición que se quedó en los archivos.

En el caso del ex Procurador López Rosas, ya hay un dictamen aprobado por mayoría en la comisión instructora del Congreso para que se le sancione con una inhabilitación para ocupar un cargo durante los próximos 10 años, pero la fracción parlamentaria del PRD ha obstaculizado su discusión.

El diputado priista Omar Jalil Flores, presidente de esta comisión, acusó a los diputados perredistas María Luisa Ayala y a Bernardo Ortega, éste último presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, de haberse negado a firmar el dictamen.

En el anteproyecto de dictamen se le señala a López Rosas de haber enviado a policías ministeriales armados al desalojo y de presuntamente ordenar la tortura a los estudiantes.

Además de que a un normalista, aparte de que se le torturó, se le sembró un arma de fuego para parecer que éste había disparado contra los agentes.

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