Sin gobernabilidad ni esperanza

“Mi solidaridad con los compañeros periodistas guerrerenses sometidos y vejados por una turba de intolerantes en Tlapa”.

Con el dólar arriba de los 15 pesos, el precio del barril de petróleo abajo de los 50 dólares, la Bolsa Mexicana de Valores en su peor caída en 5 años, la credibilidad del gobierno federal por los suelos, a nivel interno e internacional, violencia en Michoacán, más violencia en Guerrero, llega a nuestro país el Secretario de Seguridad Interna de Barack Obama para analizar con el presidente Peña Nieto qué sucede en el país, y como se va a resolver esta crisis que ya preocupa, y de manera seria, a los políticos norteamericanos.

Desde la masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, se despertaron los viejos fantasmas de la discordia y la desestabilización sacudiendo a las instituciones, sembrando la semilla de la anarquía y la confusión. Estamos concluyendo 2014 con un amargo sabor a odio y desconfianza. La estridencia en las redes sociales, el hartazgo manifiesto de marchas, pintas y casetas de cobro tomadas, han ocupado los espacios mediáticos, generando nerviosismo y gran preocupación sobre el futuro político y económico del 2015, año donde se disputarán nueve gubernaturas.

Hoy en día, las movilizaciones sociales dejaron de ser recursos políticos de demanda, de ejercicio legítimo del derecho de expresión y manifestación, o de rechazo en contra de las acciones del gobierno. Pretenden ahora ser actos justicieros. No es difícil identificar que existen grupos perfectamente organizados y encubiertos detrás de las marchas que realiza una ciudadanía agraviada por la violación de los derechos humanos, la impunidad y la grave corrupción que prevalece entre la cleptocracia mexicana.

Las actuales estrategias de manifestación de la Ceteg en Guerrero y los anarquistas en el DF, no tienen como objetivo resolver los problemas sociales ni las peticiones ciudadanas, sino por el contrario: causar la mayor alteración posible a la vida cotidiana, con la intención de demostrar la falta de operatividad del gobierno en la atención y solución de los problemas sociales. Una actitud permisiva y quizá un sentimiento de culpabilidad por parte del gobierno ha creado un ámbito de tolerancia a estos actos violentos.

Hay que recalcarle al gobierno federal y al del estado de Guerrero que la tolerancia a la alteración del orden público no puede ser ilimitada. Las exigencias sociales no deben utilizar métodos de presión violentos e ilegales. La desobediencia civil de un grupo no debe convertirse en una imposición tiránica en contra de la mayoría. Las respuestas han sido tibias y erróneas. Las consignaciones que la PGR hizo de algunas personas terminaron en autos de libertad por falta de pruebas. El resultado es que los actores —en lugar de ser castigados y servir de ejemplo— terminan siendo héroes sociales y víctimas del gobierno.

Como ciudadanos, todos sabemos que la libertad es un conjunto de derechos y deberes definidos por las leyes e instituciones. Pero, como lo indica la teoría, cuando la libertad se excede, surgen el libertinaje y la anarquía. Y cuando estas prácticas se exacerban, la ciudadanía reclama al gobierno el uso de la fuerza pública y el sometimiento y castigo de quienes rompen la paz social.

En materia social, la impunidad es un cáncer que contamina toda la vida pública. Genera efectos negativos en la vida social (caso Raúl Salinas) evasión fiscal, delincuencia, desobediencia cívica, improductividad, desempleo, falta de inversión privada, por citar sólo algunos de ellos. En política, la tolerancia es un valor. En el campo del derecho, las autoridades no pueden dejar de cumplir y de hacer cumplir la ley bajo el argumento de la tolerancia.

La estabilidad social mexicana que ahora preocupa seriamente a los norteamericanos, requiere que los ordenamientos jurídicos se apliquen con firmeza para que los ciudadanos abriguemos la certeza de saber a qué atenernos; tener la convicción de que nuestros derechos están protegidos por un poder social legítimo y eficaz que lo garantiza. El gobierno no puede seguir permitiendo la impunidad bajo el argumento de la tolerancia. La queja ciudadana contra la violencia no puede ser el pretexto para justificar y permitir expresiones igual de violentas.

La solidaridad por la desaparición de los 43 normalistas es un fenómeno social que demuestra que los mexicanos estamos hartos de la corrupción, la arbitrariedad y la violencia que se desprende del narcotráfico y los malos gobiernos estatales y municipales. Es una señal de humanidad que enaltece a quien se indigna siempre y cuando no se violenten los derechos de terceros ni se atente contra las reglas básicas de convivencia que, aunque algunos no lo reconozcan, nos hace un país democrático.

Sin embargo, al cobijo de las justas protestas, muchos profesionales del descontento llevan agua a su molino con el ánimo de generar espacios de ingobernabilidad donde puedan maximizar sus ganancias políticas, aprovechando el dolor de las víctimas. El mensaje claro y directo de la jerarquía militar debería tomarse con seriedad. No será a través de la ruptura del orden establecido como resolveremos el futuro de nuestro lastimado país. Anular las elecciones en Guerrero sólo ampliaría espacios de impunidad a los intereses más oscuros para conseguir sus objetivos de siempre. Es una verdadera falacia. Evitar que los ciudadanos podamos escoger a nuestros gobernantes sería extirpar el último reducto de poder que tenemos como sociedad civil.

Hay que reflexionar y nos tiene que quedar muy claro, que en toda crisis, en todo problema, existen quienes levantan barreras y quienes tienden puentes. Quienes bloquean y quienes abren puertas. Y ahora, con el nivel de crispación y fatalismo en el que estamos inmersos, es urgente comenzar a abrir puertas y tender puentes para recuperar la gobernabilidad. Pero es necesario comenzar a definir el camino para poder salir de la crisis asumiendo el menor daño posible. Para eso hay que encontrar el futuro posible, aunque no sea el ideal, y eso implica, necesariamente, trabajar de cerca con el gobierno en turno. Lo más importante, lo más urgente en estos momentos, es recuperar la capacidad de diálogo, la interlocución, la gobernabilidad. Estamos viviendo, con mucho, una de las peores crisis de nuestra generación: podemos recordarla, en unos cuantos años, como el principio del desastre o como el inicio de un nuevo y verdadero pacto entre autoridades y ciudadanos. Es el momento y las circunstancias están puestas.

Un personaje de la política guerrerense que busca tender puentes y recuperar la capacidad de diálogo es el Senador Armando Ríos Piter, quien hace unas semanas propuso varias acciones para coadyuvar con la crisis en Guerrero “Dar cauce a la movilización social es apremiante para evitar que unos cuantos quieran generar más violencia por agendas particulares. Un proceso de Deliberación Nacional para la Reconstrucción del Estado de Derecho, aprovecharía la legitimidad de la energía social que hoy ocupa calles y plazas, así lograr propuestas para alcanzar transformaciones trascendentes de la mano de los ciudadanos. Es momento de construir, junto con la sociedad, las soluciones que México requiere.”

Es cuanto.