CHILPANCINGO, Gro., 4 de febrero de 2014. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que 20 servidores públicos penitenciarios enfrentan acción penal por homicidio, lesiones, delitos contra la administración de justicia y lo que resulte, tras la incursión armada en el penal de Iguala.

En rueda de prensa, el titular de la PGJE, Iñaki Blanco Cabrera, recordó que la madrugada del 3 de enero de 2014 un comando de civiles armados ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, en la ciudad de Iguala.

Aproximadamente a las 00:55 horas, seis sujetos a bordo de una camioneta blanca marca Toyota, tipo Tacoma con placas MPT-9531 del Estado de México entraron al penal de Tuxpan bajo el falso argumento de que eran policías ministeriales que ingresarían a un detenido.

Una vez adentro, amagaron al custodio y lo llevaron a la zona de celdas hasta dar con Ismael Ocampo Álvarez, alias “La Mayla”, a quien asesinaron a balazos.

Este hecho originó un enfrentamiento entre los reos y los civiles armados que ingresaron al penal.

En el lugar quedaron abatidos los internos Epifanio Adame Romero, Miguel Ángel Martínez Martínez y Jesús Leonardo Díaz Martínez, así como los victimarios Cristian Aldair García García y José Luis Díaz Ramírez.

Los cuatro pistoleros que seguían con vida trataron de huir por el pasillo de acceso, pero el personal de la torre de vigilancia número uno les marcó el alto verbalmente; al no atender la indicación, el director del penal, Juan Pablo Roldán Minero, disparó con un arma corta y abatió a tres: Timoteo Pastor Vázquez, Víctor Manuel Antonio Rivera y Edgar Luis Rogel Gerónimo.

Un pistolero de nombre Juan Carlos Salgado delgado y/o Juan Carlos Ulloa Delgado resultó lesionado.

También el custodio José Roberto Contreras recibió impactos de bala durante el enfrentamiento y murió posteriormente, mientras recibía atención médica en el hospital de Huitzuco, Guerrero.

La PGJE inició la averiguación previa HID/SC/02/0007/2014, dentro de la cual se realizaron las diligencias primarias, como el levantamiento de los cuerpos y evidencias localizadas en el lugar de los hechos, además del traslado de los mismos al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de las necropsias correspondientes.

El 3 de enero de 2014, comparecieron ante el Ministerio Público, directivos y 34 custodios que se encontraban de servicio en el penal de Tuxpan al momento de la incursión armada.

En las declaraciones, coincidieron en que el custodio José Roberto Contreras Ocampo (occiso) y el Jefe de Seguridad y Custodia, Rigoberto Contreras Orozco, fueron quienes permitieron el acceso a los seis civiles armados.

Los declarantes dijeron que desconocen el motivo por el que éstos no fueron revisados y registrados al ingresar, así como las razones por las que se les permitió llegar hasta las celdas de los internos, donde privaron de la vida a cuatro de ellos.

También coincidieron en que al escuchar disparos en las celdas, los custodios de la Torre 1, se pusieron en situación de alerta y dispararon a los pistoleros cuando intentaban salir del inmueble, privando de la vida a tres de ellos.

Sin embargo, subrayaron que el resto de los vigilantes se escondieron y de esa manera incumplieron con su obligación de vigilar e impedir la salida de los agresores.

“En tal tesitura, la conducta desplegada por el jefe de seguridad incumple lo establecido en el Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Guerrero, bastando la observancia metódica y lineal de las normas para evitar el ingreso de los seis sujetos armados que incursionaron hasta la población con el resultado antes señalado, resultando de manera inmediata y reactiva la muerte de cinco de los seis agresores y uno más que resultó herido”, explicó el procurador Iñaki Blanco Cabrera en la rueda de prensa.

Recordó que el 4 de enero la Representación Social decretó la retención legal de 24 custodios que se encontraban de guardia al momento de la incursión armada, razón por la cual se solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la medida cautelar de arraigo por 30 días.

Puntualizó que, con base a las declaraciones de los custodios del Centro de Reinserción Social; periciales en las materia de criminalística, balística, química, representación gráfica, planimetría, informática, medicina forense, entre otras, y la normatividad que regula la función del personal adscrito a los reclusorios del Estado de Guerrero, el 25 de enero de 2014 el Fiscal Investigador ejerció acción penal en contra del personal directivo, de seguridad y custodia del penal de Tuxpan.

En el caso de Marbeli Guzmán García, Victori Ibares Galeana, Honey Estefanía Huerta Nazario, Rigoberto Contreras Orozco, Diana Laura Guerrero Solís, Antonio Hernández Baltazar, Juan De Dios Morales Barrera y Juan Pablo Roldán Minero (director), como probables responsables en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones a título de culpa o imprudencia.

El procurador explicó que los custodios y el director del penal incumplieron con el deber jurídico de obrar para impedir la introducción de armas de fuego en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Iguala.

Detalló que el grupo armado ingresó dos pistolas semiautomáticas calibre 38 Súper Auto, marca Colt; dos pistolas calibre 9 mm, una marca Browning y una Pietro Beretta.

Tras la irrupción armada, 10 reos del penal de Tuxpan fueron trasladados al Cereso de Las Cruces, en Acapulco.

Los reos iban golpeados, caminaban con dificultad y uno se quejaba de dolores en el corazón; ninguno contaba con certificado médico como marca el protocolo.

Tres reos murieron por la noche, uno más al amanecer.

Por lo anterior, la PGJE determinó que el director general de Seguridad y Custodia, Rafael Cubillo Segoviano y el subsecretario del Sistema Penitenciario, José Manuel Rodríguez Morales no cumplieron a cabalidad los protocolos en materia de seguridad en el traslado de reos, que para el efecto se encuentran establecidos en la legislación correspondiente.

Por su parte, el encargado del Cereso de Acapulco, Claudio Gregorio Carmona incumplió con lo establecido en el Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Guerrero, al recibir a los reos en las condiciones que lo hizo.

El personal de seguridad y custodia que se encargó del traslado de reos,  Marco Antonio Ocampo Díaz, César Romero Jaramillo, Sabdi Othoniel Hernández García, Fidel Álvaro Melo, Oliver Gamboa Guerrero, Héctor García Baranda, Aníbal García García y Hazany Roque Gench, son señalados como los probables autores de las lesiones causadas a los reos, con lo que se provocó la muerte de tres de los internos.

“Con lo anteriormente expuesto queda de manifiesto que los custodios y personal directivo del penal, reúnen los requisitos especiales para formularles imputación objetiva, lo que los convierte en sujetos activos del delito de omisión impropia  del hecho de que tenían la responsabilidad, jurídicamente impuesta, de hacer lo posible para evitar su consecuencia, ya que se hallaban en una posición de garantes”, sentenció el procurador de Justicia Iñaki Blanco Cabrera.

Indicó que de los 20 funcionarios penitenciarios señalados como probables responsables de la comisión de varios delitos, ya se detuvo a 19.

El subsecretario del Sistema Penitenciario, José Manuel Rodríguez Morales, es prófugo de la justicia.