CHILAPA, Gro., 25 de mayo de 2015.- El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, tiene un plazo de 48 horas para recuperar y entregar vivas a las personas que fueron “levantadas” por el grupo armado que mantuvo sitiada la cabecera municipal de Chilapa entre el 9 y el 14 de mayo.

El gobernador y su gabinete de seguridad acudieron a Chilapa para atender a las familias de las personas desaparecidas; su visita ocurrió 12 días después de que ocurrieron los hechos.

El encuentro se desarrolló en el monasterio de Chilapa, con los familiares de los siguientes desaparecidos: Jorge Jaimes Abarca, Carlos Emanuel Meza Nava, Daniel Velázquez Romero, Juan Carreto Cuevas, Sergio de Ramona Abarca, Miguel Carreto Cuevas, Alexandro Nava Reyes, Víctor Carreto Cuevas, Jorge Luis Salmerón Hernández, Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, Justino Carreto González y Samuel Carreto Vazquez.

En el encuentro, los familiares fijaron un plazo de 48 horas para que el gobernador y su gabinete investiguen el paradero de las víctimas y las recuperen con vida.

Atención 12 días tarde

El 9 de mayo, un grupo de 300 hombres armados, provenientes de 15 comunidades rurales de Chilapa, irrumpieron en la cabecera municipal armados y encapuchados. Su consigna era detener a Zenén Nava Sánchez, alias El Chaparro, líder del grupo delictivo Los Rojos.

Bajo este argumento, el grupo armado (que se autodenominó policía comunitaria) detuvo y golpeó a decenas de ciudadanos, además de allanar y robar en varias viviendas.

El 14 de mayo, el grupo armado abandonó la cabecera municipal de Chilapa; el saldo de los cinco días de sitio fue de unos 30 desaparecidos, aunque sólo 16 familias denunciaron los hechos, mientras que el resto guardó silencio por temor a represalias.

En la reunión realizada ayer en el monasterio, los familiares de las víctimas culparon al gobernador por la desaparición masiva de personas y la impunidad con que actuó el grupo armado.

“Usted se enteró cuando esas personas entraron aquí, ¿por qué diablos no vino cuando estaba el problema?, ¿por qué no vino a dar la cara?, ¿por qué no vino del 9 al 14 de mayo cuando lo necesitábamos? Usted sabía lo que estaba pasando, pero no vino y no le importó porque los desaparecidos no eran sus hijos. Aquí se llevaron a varias personas, golpearon gente, entraron a las casas, robaron. ¿Por qué usted no hizo nada?, ¿para qué diablos viene 12 días después si no va a hacer nada?”, le cuestionó Melissa Nava, hermana de un joven desaparecido.

El gobernador respondió que sí estuvo al pendiente de la irrupción armada y que dio instrucciones a sus subordinados para que atendieran el problema.

“Sí, nos mandó al secretario, del secretario, del secretario, del secretario… gente que no tenía facultad ni autoridad para resolver nada. ¿Por qué no vino usted?, ¿le dio miedo o le pareció que no era importante?”, cuestionó uno de los presentes.

El gobernado refutó la acusación y dijo que sí estaba interesado en atender el problema de inseguridad de Chilapa, a tal grado que él personalmente había convocado a la reunión que se estaba desarrollando en esos momentos.

 

“Esta reunión la convoqué yo, porque yo los he buscado a ustedes, yo los busqué”, expresó el mandatario.

 

En ese momento todos los asistentes levantaron la voz y desmintieron al gobernador: “¡Discúlpeme pero no!, nosotros hemos estado pidiendo la presencia de usted y de su secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado. Si esta reunión se está llevando a cabo es porque nosotros los buscamos, porque hemos andado como limosneros detrás de ustedes”, respondió José Díaz Navarro, quien tiene a cinco familiares desaparecidos.

 

Una joven increpó al mandatario y le fustigó que su presencia en Chilapa ocurrió dos semanas después de los hechos y aseguró que únicamente se debió a la presión de los medios de comunicación.

 

“Usted está aquí hoy gracias a los medios, porque necesita proteger su imagen, no porque quiera hacernos caso ni ayudarnos, usted vino más a fuerza que por ganas”, le fustigó.

 

Ortega Jiménez sostuvo que sí estuvo al tanto de la situación en Chilapa y que funcionarios de su gabinete se reunieron con el cabildo para destituir al secretario de Seguridad Pública Municipal, Job Encarnación Cuenca y nombrar a uno nuevo.

 

Esta afirmación fue desmentida por el alcalde Francisco Javier García González, quien le aclaró que nunca se realizó tal sesión de cabildo y que fue el propio Encarnación Cuenca quien presentó su renuncia y propuso al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilapa.

 

Ortega, culpable

 

Los ciudadanos recriminaron que ni la Gendarmería, ni el Ejército, ni las policías Federal y Estatal hayan actuado para defender a la población civil durante los cinco días que duró la ocupación del grupo armado.

En cambio, cuestionaron que el gobernador haya entablado una mesa de negociación con los comisarios que promovieron la irrupción armada y les haya cumplido todas sus exigencias, como la destitución del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Job Encarnación Cuenca.

Bernardo Carreto González, padre de tres jóvenes desparecidos, recordó que el gobernador negoció con los comisarios y los convenció de abandonar la cabecera municipal.

El hombre recriminó que Ortega Martínez no haya incluido en dicha negociación la liberación de los detenidos.

También criticó que a dos semanas de la desaparición masiva, Ortega Martínez no haya hablado con los comisarios para pedirles la entrega de las víctimas, a pesar de que tiene comunicación directa con los líderes del grupo armado.

“No nos vamos a quedar callados, yo ya perdí a tres hijos y he recibido amenazas, pero que me maten, no me importa, porque ya perdí lo que más quería, perdí a mis hijos. No eran perros, eran seres humanos señor gobernador. Nosotros le damos un plazo de 48 horas para que usted nos entregue vivos a nuestros hijos, porque usted sabe y ya ha negociado con los comisarios, usted se ha reunido con ellos y ellos se los llevaron”, exigió.

Los familiares de los desaparecidos acusaron al gobernador de ser cómplice del grupo armado, porque los defendió, negoció con ellos y los favoreció, a pesar de que dicho movimiento era ilegal y cometieron varios delitos y abusos contra la población.

 

El gobernador respondió que él tiene las manos limpias y que no tiene vínculos con criminales, pero inmediatamente fue desmentido por el empresario José Díaz Navarro.

 

“Usted dice que tiene las manos limpias, a lo mejor antes del 9 de mayo estaban limpias, pero después de esa fecha sus manos y su nombre quedarán manchados por la desaparición de estas personas. Usted atendió a los delincuentes que se los llevaron. Aquí tenemos otro Ayotzinapa, aquí tenemos otro Abarca en el Congreso y tenemos uno más en Casa Guerrero y me refiero a usted, señor gobernador”, le fustigó.

 

Después le cuestionó sobre los hermanos del presidente del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez: “¿Sabe que Celso y Antonio Ortega Jiménez son los líderes del cártel de Los Ardillos?”

 

El empresario refirió que el grupo armado que irrumpió en Chilapa fue organizado por el cártel de Los Ardillos, aunque reconoció que entre ellos había campesinos que participaron de forma obligada, bajo amenaza de muerte.

 

“Son delincuentes profesionales. Nuestros familiares van a aparecer al rato, decapitados, destrozados, desmembrados, quemados (…) usted dice que hay que entrarle al toro por los cuernos, pero estos señores entraron con los cuernos de chivo, con AK-7, con armas de alto poder, eso es un delito, eso es flagrancia, ¿por qué no actuó gendarmería?, ¿por qué no actuó el Ejército?, ¿por qué no actuó la Policía Estatal? Díganos quién va a combatir al narcotráfico”, exigió Díaz Navarro.

 

“Ya lo resolví”

En varias ocasiones durante la reunión, el gobernador sostuvo que el problema de Chilapa “ya está resuelto” e incluso dijo que se logró de forma exitosa.

 

“Si ya está resuelto, díganos en dónde están nuestros hijos”, le respondieron los familiares de los desaparecidos.

 

“Eso es otro tema”, respondió el gobernador en un par de ocasiones, “yo negocié y logré la salida del grupo armado y se hizo sin un solo tiro. Ahora hay que resolver los agravios que dejó este grupo, pero es otro tema”, insistió.

 

El gobernador no convenció a los familiares de las víctimas y la reunión concluyó con el ultimátum de 48 horas para la presentación con vida de los desaparecidos y la promesa de la instalación de tres mesas de seguimiento, una conformada por el gobierno, otra por los familiares y una más por organismos religiosos y defensores de derechos humanos.

 

También comprometió la salida del Ejército, la Gendarmería y las Policías Federal y Estatal, porque no actuaron para proteger a la población civil.

 

El gobernador se reunirá una vez más con los familiares de los desaparecidos, al término del plazo de 48 horas, para informar sobre los resultados de la búsqueda.