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CHILPANCINGO, Gro., 17 de septiembre de 2015.- Comisarios, policías comunitarios y habitantes de la zona rural de Chilapa tomaron el Palacio de Gobierno para demandar seguridad, servicio de transporte público y apoyos para el campo.
El asesor de la Policía Comunitaria de Chilapa, Jesús Escobedo González recordó que de mayo a la fecha han firmado varias minutas de trabajo con el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Godínez Muñoz.
En dichas minutas, el gobierno del estado y la Fiscalía General se comprometían a garantizar la seguridad de los habitantes de la zona rural de Chilapa.
Otros compromisos con el gobierno de Guerrero eran la reactivación del transporte público a las comunidades y apoyos para proyectos productivos.
Ante el incumplimiento de todos los acuerdos, los comisarios, habitantes y policías comunitarios de la zona rural de Chilapa se plantaron frente a los accesos al Palacio de Gobierno e impidieron la salida de los trabajadores gubernamentales.
Tras dos horas de plantón, un grupo de policías antimotines empujó desde el interior la puerta de entrada trasera, lo que obligó a los manifestantes a retroceder.
En los minutos que duraron los empujones entre los comunitarios de Chilapa y los antimotines, hubo amenazas que no pasaron a mayores.
Una vez liberada la entrada trasera, ésta fue resguardada por los antimotines para permitir la salida de los trabajadores, que llevaban un par de horas encerrados en las instalaciones.
Los comisarios, habitantes y comunitarios de la zona rural de Chilapa se mantienen plantados afuera del Palacio de Gobierno, en espera de que los reciba alguna autoridad.
Advirtieron que de no ser cumplidas sus demandas, reingresarán armados a la cabecera municipal de Chilapa y se harán cargo de la seguridad.
También forzarán a las rutas de transporte público a brindar el servicio a las comunidades rurales.
Chilapa, en manos de la delincuencia
Jesús Escobedo González, asesor de la Policía Comunitaria de los pueblos de Chilapa denunció que continúan las desapariciones, asesinatos, extorsiones y cobro de piso por parte de la delincuencia organizada, a pesar de la presencia del Ejército, Policía Estatal, Federal y Gendarmería.
Al acoso de la delincuencia, dijo, se suman los abusos de los cuerpos policiacos y militares, cuyos elementos golpearon a tres comisarios que se manifestaron para exigir paz, seguridad y servicio de transporte público.
“Las fuerzas policiacas y militares son inútiles. Ahí están en Chilapa y aun así hay muertes. El sábado mataron al secretario particular del presidente (municipal) electo de Chilapa y eso que todavía no toma posesión. ¡Imagínese!, ¿dónde está la seguridad?”, cuestionó Escobedo González.
El asesor de la Policía Comunitaria detalló que de mayo a la fecha han documentado la desaparición y/o asesinato de 15 pobladores de las comunidades rurales. Uno de los casos más recientes ocurrió el 2 de septiembre.
El comisario de Xolocotitlan, Vitaliano Hernández Saldaña relató que ese día una mujer de 70 años viajó de dicha comunidad hacia la cabecera municipal de Chilapa, con el objetivo de visitar a sus hijas.
“La señora ya no llegó, la encontraron hasta el domingo (6 de septiembre), ya muerta. Eso es lo que está pasando en nuestro municipio”, lamentó Hernández Saldaña.
Al respecto, Escobedo González aseguró que están “amenazados” por la delincuencia organizada y por lo tanto, no pueden bajar de las comunidades hacia la cabecera municipal.
Por esta misma situación, tampoco hay servicio de transporte público. “Estamos aislados, no podemos bajar, no hay servicio de ruta de urvan, ni de taxi, ni nada, no hay nada. (El transporte) no quiere ir porque los levantan y se llevan las unidades con todo y chofer. No podemos bajar, estamos amenazados”, denunció.
Ante este escenario, lanzaron un ultimátum a los gobiernos federal y estatal: “Si de aquí al 12 de octubre no hay seguridad, nosotros vamos a tomar la seguridad en nuestras manos, vamos a tomar las armas. Vamos a regresar a la cabecera municipal de Chilapa y vamos a instalar retenes en las entradas a la comunidades”, advirtió Escobedo González.
Detalló que actualmente hay 36 pueblos integrados en el movimiento Comunitarios por la Paz y la Justicia, con lo que suman unos 600 policías comunitarios en activo. Sin embargo, indicó que en estos días han recibido la solicitud de varias comunidades para integrarse al proyecto, por lo que la cifra podría crecer.