Antes de que la credibilidad ciudadana en el ejército mexicano caiga al piso y se haga añicos, el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos tomó el micrófono para expresar una disculpa pública por los actos de tortura a una mujer guerrerense, hace poco más de un año, en la que se vieron involucrados dos miembros de la milicia y una policía federal.

A la disculpa del militar, le siguió la del Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales.

Los hechos hubieran pasado desapercibidos, como tantos otros, si alguien no hubiera subido a la red el vídeo que muestra lo que, al parecer, es una práctica habitual de los cuerpos policiacos que, ante la falta de preparación y conocimiento de técnicas de interrogación, o simplemente porque siguen el impulso de su naturaleza violenta, no se diferencian en lo más mínimo a presuntos delincuentes.

Si bien este atropello a los derechos humanos salió a la luz pública, hay otros que aún siguen haciendo ruido en la sociedad mexicana, tal es el caso de la barbarie de Iguala, en la cual, los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher señalan que “integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, jugaron un papel crucial la noche del 26 de septiembre de 2014 en el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa” (Revista Proceso No. 2027, 6/09/2015, pp. 8-13).

En el mismo sentido, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), consignan en su informe preliminar que el C-4 es un espacio de coordinación informativa, el cual involucra a las fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal y que las noches del 26 y 27 de septiembre estuvieron operando, donde: “se dan algunas comunicaciones que señalan de la intervención de ciertos agentes de fuerza estatal o federal en verificar las actuaciones o informaciones existentes”.

Y para abundar sobre el mismo tema, el avance informativo emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aparecen nuevos involucrados en la detención y desaparición de los estudiantes, así como la complicidad de, al menos, dos policías federales que presenciaron complacientes cómo un número aproximado de, entre 15 a 20, muchachos, eran subidos a las patrullas de las policías de Huitzuco que los llevarían con “el patrón”.

Es decir, con una persona privada no a la cárcel.

La complacencia de los policías federales denota su involucramiento directo en los hechos y ser parte del abanico de complicidades.

A medida que va saliendo nueva información sobre los acontecimientos de Iguala, es más difícil creer que la autoría de la masacre pueda circunscribirse sólo al ex presidente municipal José Luis Abarca y al cártel Guerreros Unidos.

En todo caso son piezas a medio camino entre quien dio las ordenes y los ejecutores materiales de los asesinatos.

El radio de acción de los delincuentes supone la protección y complicidad de una amplia gama de políticos y mandos federales que, la investigación de la CNDH, empieza a poner al descubierto.

En ambos hechos, las autoridades han reaccionado de distinta manera y, hasta cierto punto, desproporcionada.

En el primero, disculpa pública de los jefes máximos de la seguridad nacional, a pesar de tratarse de una presunta delincuente; en el segundo, mutismo y escamoteo de información para que la justicia no alcance a los verdaderos culpables, sin importar el desprestigio de la nación.

¡Que alguien me explique!