MÉXICO, DF, 26 de octubre de 2014.- Se han encontrado 38 cuerpos y 11 fosas en la zona de la montaña de la ciudad de Iguala, se han detenido a poco más de 24 personas, entre policías, funcionarios y miembros del crimen organizado; se ubicó a los autores materiales de los hechos (que siguen prófugos), pero el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa sigue sin ser revelado a un mes de su desaparición.

 

La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre un grupo de policías atacó a camiones de pasajeros que habían sido tomados por los alumnos de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

 

La intención de los estudiantes era de conseguir recursos para viajar al Distrito Federal y participar en la marcha del 2 de octubre. Sin embargo, esa misma noche la directora del DIF, María de los Ángeles Villa Pineda, esposa del presidente municipal José Luis Abarca, rendía su informe de actividades y la orden para los “uniformados” de Iguala fue detener cualquier acción de los colegiales en la zona, ya que no se permitiría cualquier tipo de sabotaje en este acto.

 

Para la realización de este operativo, José Luis Abarca pidió la intervención, también, de efectivos de la comunidad de Cocula, para evitar que los jóvenes pudieran escapar por carretera hacia esa zona, es decir, se formó un perímetro para evitar el repliegue.

 

“Los mismos detenidos declaran que la orden de enfrentar a las personas (estudiantes) les llega por radio desde la Central y se les dice que viene de parte del A-5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala.

 

“Entre ambas policías (de Cocula e Iguala) bloquean la carretera y evitan el desplazamiento de los autobuses en que se movían los estudiantes, en ese primer incidente, un policía municipal priva de la vida con arma de fuego a uno de los estudiantes”, dijo Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República.

 

Las investigaciones   Tras los hechos, donde también se reportó la muerte de seis personas, entre ellos una mujer y un futbolista del equipo de los Avispones de tercera división, la Fiscalía de Guerrero abrió la investigación y encontró la relación entre las autoridades de seguridad con el grupo delictivo de Guerreros Unidos.

 

El pasado 5 de octubre el fiscal local, Iñaki Blanco, reveló videos de cómo se cometió el plagio de los alumnos y las rutas que pudieron haber tomado, así como la captura de los policías coludidos en este acto y con los narcotraficantes, además que confesaron que los habían asesinado y arrojado a las fosas del Cerro Gordo, donde fueron hallados algunos cadáveres.

 

En sus diligencias se encontraron camionetas de la policía de Iguala clonadas y camiones de redilas que fueron utilizados para transportar a los normalistas, después de que dispararon a los autobuses en los que viajaban los estudiantes, cerca de 300 cartuchos percutidos fueron encontrados en la zona de los hechos.

 

Blanco señaló al líder de la banda como El Chucky, quien en primera instancia había ordenado la desaparición y posterior ejecución de los 43 alumnos de la Normal Rural, pero las noticias sobre avances de este hecho se estancaron y su incompetencia para relacionar los ADN de los familiares con los primeros restos encontrados obligó a pedir la ayuda de la Procuraduría General de la República (PGR).

 

Ingresa la PGR y acercamientos con familiares

 

Ante la lentitud en las investigaciones por parte de la Fiscalía de Guerrero, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ordenó que la PGR tomara el caso para resolver el caso lo más pronto posible, después de que la presión internacional comenzó a ser más intensa, después de que se demostró que la ingobernabilidad en Iguala era evidente.

 

Tras esta orden presidencial, el 7 de octubre ingresó la Policía Federal y la Gendarmería para asumir la seguridad del lugar, un día después los investigadores y médicos forenses de la PGR llegaron a las fosas para reiniciar las averiguaciones, así como el hallazgo de más cementerios clandestinos.

 

Para reforzar las investigaciones, forenses argentinos también llegaron al Estado de Guerrero a petición de los padres de los jóvenes desaparecidos, esta decisión fue avalada para mantener a los familiares más tranquilos y seguros de los resultados genéticos, así como evitar algún rompimiento entre ellos y el gobierno federal.

 

Para el 15 de octubre, Murillo Karam reveló la aparición de más fosas y el incremento de elementos de seguridad federal para resguardar las escenas y agilizar las investigaciones.

 

El 23 de octubre los familiares organizaron una marcha masiva, la segunda en este rubro, y anunciaron a la administración de Peña Nieto que se levantarían en armas en caso de que no se dé la ubicación exacta de las víctimas.

 

El actor intelectual

 

El pasado jueves, la PGR anunció que el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, fue quien dio la orden directa de detener a los normalistas, y su esposa, como la encargada principal de las funciones delictivas del grupo de Guerreros Unidos.

 

El procurador aseguró que el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, detenido poco más de una semana, apuntó a Pineda Villa como la operadora principal de actividades delictivas desde la presidencia municipal. Ante estas declaraciones, la PGR ordenará la aprehensión inmediata del edil, su esposa y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, en calidad de probables responsables como autores intelectuales de estos hechos.

 

“Este líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, señaló a la señora María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego, en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca y el Secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez.

 

“Se solicitaron las órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, la señora Pineda Villa y el Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, en su calidad de probables responsables como autores intelectuales de los hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre, independientemente de la consignación que se les ha hecho por el homicidio de Arturo Hernández Cardona en mayo de 2013”, comentó Murillo.

 

La presión social, política e internacional se mantiene y las acciones del gobierno federal serán determinantes para ganarse la credibilidad en sus investigaciones, pero la pregunta sigue en el aire de ¿por qué desaparecer a tantos estudiantes? Y, en caso de que haya sucedido, ¿haberlos matado con tanta violencia?