Una vez más, viola gobierno de Guerrero el derecho al debido proceso

TLAPA, Gro., 19 de junio de 2014.- Organizaciones campesinas, comunitarias y de derechos humanos demandaron al gobierno de Guerrero, así como a las autoridades federales, la libertad inmediata del dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz, además de demandar la revocación de su traslado ilegal, arbitrario y violatorio a los derechos humanos de los que ha sido víctima y garantizar su integridad física, señala un comunicado conjunto.

Para las organizaciones firmantes entre las que se encuentran el propio Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la detención del líder -que forma parte del esfuerzo que han mantenido durante diez años pueblos de Acapulco en contra de la instalación de una presa hidroélectrica en el Papagayo que trabaje para la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- se trata de una estrategia del gobierno para criminalizar y reprimir al movimiento social que violó además el debido proceso legal.

Con la detención de Suástegui Muñoz, suman 13 los integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC presos en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Para las organizaciones esta situación polariza a la sociedad y estigmatiza a los líderes sociales que están siendo reprimidos, en tanto, que en Guerrero prevalece una crisis de ingobernabilidad, así como el incremento de los índices de delincuencia y ataques del crimen organizado.

La detención del líder esta visualizada con el fin de debilitar el movimiento del CECOP para imponer el Proyecto Hidrolectrico de la Parota anunciado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con su programa Nuevo Guerrero, advirtieron las organizaciones.

EL documento, firmado también por la Red Guerrerense de Organismos Civiles y Derechos Humanos, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), la Organización Campesina de la Sierra Sur y Frente de Defensa Popular, detalló que a las dos de la madrugada del 17 de junio la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero implementó un aparatoso operativo para detener a Suástegui Muñoz dirigente del CECOP, que fue detenido alrededor de

las 9 de la mañana después de salir de su domicilio.

El activista e impulsor de la Policía Comunitaria adherida a la CRAC-PC, fue interceptado por más 15 policías Ministeriales cuando transitaba en su vehículo por la calle Bora Bora en la colonia fraccionamiento Lomas de Magallanes. Con violencia, los ministeriales lo bajaron de su vehículo, sin presentarle alguna orden de aprehensión, una vez que lo sometieron le espetaron que si oponía resistencia lo iban a matar. En el trayecto recibió varios golpes y amenazas, diciéndole que eso le pasaba por “andar de revoltoso”.

Después de las diez de la mañana, personal de Tlachinollan, que lleva la defensa jurídica del CECOP, indica en el texto que acudieron a solicitar información a las autoridades penitenciarias y judiciales del penal Las Cruces, donde permaneció incomunicado. En ese lapso, el juez décimo de materia penal. Adolfo Vanmeeter Roque, les dijo que a las dos le tomarían la declaración preparatoria pero una vez llegada la hora les dijeron que fue trasladado al penal de la Unión, violentando los derechos del procesado, remarcaron abogados de Tlachinollan.

Aunque lograron una suspensión para efectos de ampararlo contra el traslado al penal federal, las autoridades desacataron el mandato judicial actuando con “perversidad y hermetismo al trasladar a Marco Antonio al Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste de Tepic, Nayarit”, advierten.

Para las organizaciones el trato dado al defensor de derechos humanos, de delincuente de alta peligrosidad, es un mecanismo para castigar, reprimir y ocasionarle malos tratos dado las condiciones en que se ha realizado dicho traslado, violentando con esto las recomendaciones de organismos internacionales en derechos humanos.

La detención, remarca el texto, se suma a la lista de 12 autoridades de la Policía Comunitaria encarceladas, cuyo fin avieso es criminalizar la lucha social y denigrar la imagen del movimiento social. Ante la crisis de seguridad que impera en nuestro estado y los cruentos índices de violencia, las autoridades estatales en lugar de combatir a las bandas del crimen organizado, han focalizado su poder punitivo para atacar a las y los defensores comunitarios que luchan a favor de sus pueblos.

Con estos actos, el gobierno del estado, en lugar de reconocer su trabajo y respetar su lucha, alienta la polarización y la estigmatización contra las y los defensores comunitarios, colocándolos en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad.

Comuneros y ejidatarios, a pesar de agresiones, boicoteos o desatención de los gobiernos federal, estatal y municipal han emprendido, además de la lucha contra la hidroeléctrica, la expulsión de gravilleros que dañaban el ecosistema del río Papagayo, y por otra parte, comenzaron a organizarse para crear grupos de Policía Comunitaria adherida a la CRAC-PC debido al incremento de delincuencia y grupos de choque.