El doctor Presidente recetó la medicina, ahora toca a la farmacia Legislativa surtirla al país enfermo.

 

Con el tiempo en contra, senadores debaten la iniciativa de reforma al sistema policial; contempla cambios a los artículos 21, 73, 104, 115, 116 y 123 de la Constitución con objeto de arrebatar a los municipios la explosiva y pesada carga de la seguridad pública… y entregar a los gobiernos estatales el control total de las acciones para combatir inseguridad y violencia.

 

La propuesta calienta la olla de la controversia jurídica.

 

Se vislumbra un rudo golpe al municipalismo; no falta quien alega violación el pacto federal por acotar de manera arbitraria atribuciones que deberían ser inamovibles.

 

En respuesta, Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, señala que el pacto federal lo integran los estados y el gobierno central, y en todo caso, la afectación queda restringida a las relaciones entre municipios y entidades federativas.

 

Según el legislador priista, la creación de 31 policías únicas (el Distrito Federal ya opera bajo ese esquema) facilitaría la profesionalización de las corporaciones, permitiría la homologación de criterios, protocolos, regímenes disciplinarios y la profesionalización de fuerzas del orden mejor pagadas. Los municipios –nos explica Burgos– conservarían facultades para el diseño de políticas públicas de prevención y participación ciudadana sin meterse con la operación.

 

Hasta ahí todo suena bien, pero los argumentos en pro de la iniciativa no logran responder otras dudas fundamentales.

 

No queda claro si el camino legislativo es el más adecuado. El proceso que contempla reformas constitucionales pone freno de mano a cambios que se suponen urgentes; si bien nos va, la aplicación plena de las nuevas reglas tardaría entre 18 y 24 meses, según advirtió el Secretario de Gobernación.

 

Sin embargo cala más la duda aplicar la misma receta a todos los pacientes sin importar que algunos estén sanos y otros en estado terminal; las policías municipales que sí sirven serían arrasadas de la misma forma que aquellas infestadas de corrupción.

 

–¿Se vale una política pública concebida bajo el principio de que todos los municipios son iguales a Iguala?

 

–El Presidente opta por policías bajo control de los gobernadores sin tomar en cuenta experiencias fallidas como la michoacana, donde las bandas delictivas se metieron hasta las recámaras del Palacio de Gobierno. El mando único policiaco debilita a los alcaldes y fortalece el feudalismo de los gobernadores quienes tendrán más argumentos para cobrar facturas… y consumar caprichos y venganzas.

 

Mandar soluciones desde la lejanía del centro difícilmente resultará más eficaz sin tomar en la participación directa de la sociedades indignadas por la inseguridad violencia.

 

Además, ante la cruda realidad, ¿quién va a integrar las nuevas policías?; ¿a dónde irán a parar los gendarmes desempleados?

 

En fin, el “mando único” es una espada de dos filos, un gran problema envuelto en el celofán de lo que pareciera una gran solución.

 

EL MONJE LOCO: Anuncia Peña Nieto cinco remedios para reactivar la economía de Guerrero, entre estas, rebajas en peaje y vuelos baratos para evitar que al “bello puerto” se lo acabe de cargar la tiznada bruja; olvida que el libre paso en la Autopista del Sol de todos modos ya está garantizado por maestros y normalistas. Mientras el Presidente convocaba a superar el dolor por la tragedia de Iguala, padres de las 43 víctimas de Ayotzinapa se reunían en el DF con los titulares de la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad… los reclamos desde acá no se escucharon hasta allá… ¿casualidad o plan con maña para alejar –sólo por hoy– el peligro de las protestas?

 

@JoseCardenas1| [email protected] | josecardenas.com.mx