Inminente, desaparición de autónomos; reforma suma 16 congresos locales
CHILPANCINGO, Gro., 6 de abril de 2014. La impunidad y corrupción en el sistema de impartición de justicia en Guerrero son una invitación para que se sigan violentando los derechos humanos, aseguró Urbano Lucas Santamaría, integrante del área de vinculación académica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y ex secretario de Derechos Humanos del PRD.
Sostuvo que se requiere de una transformación profunda del sistema de impartición de justicia.
Durante su participación en un foro en el puerto de Acapulco, aseguró que mientras no se castiguen los delitos cometidos por la autoridad, continuarán los abusos de poder, la violación a los derechos humanos y los actos de corrupción.
“No hemos visto nunca funcionarios de primer nivel o gobernantes en la cárcel, lo más bochornoso es la masacre de Aguas Blancas y al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer nadie lo ha tocado”, dijo en relación al asesinato de 17 campesinos en Coyuca de Benítez el 28 de junio de 1995, a manos de la policía Motorizada y Judicial del Estado, supuestamente ordenada por el ex mandatario.
Otro caso de impunidad que enlistó fue la desaparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, ocurrido en diciembre de 2011.
Recordó que la última vez que se les vio con vida viajaban en un autobús, el cual se detuvo en un retén del Ejército, en el que los militares preguntaron por ellos.
Posteriormente, el autobús retomó la marcha y a la altura del poblado de Nuxco fue interceptado por policías municipales, quienes los bajaron a los ecologistas del autobús y los entregaron a un grupo de hombres que viajaba en una camioneta negra.
También recordó el asesinato de Armando Chavarría Barrera, quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local.
Resalto que, casualmente, el día del asesinato todos los cuerpos policiacos estaban acuartelados.
Otros casos que mostró como ejemplos de impunidad y corrupción fueron la desaparición del luchador social Rosendo Radilla y la golpiza que recibió el dirigente perredista Guillermo Sánchez Nava, a manos de una brigada de priístas.
“Puedo enumerar otros casos más, donde familiares de desaparecidos, de quienes han sido víctimas de violación de sus derechos humanos, han hecho un peregrinar de muchos años en busca de la justicia y no la han encontrado en este estado ni en este país”, lamentó.
De acuerdo a Lucas Santamaría, los gobernantes convirtieron los derechos humanos en una palabra de moda, sin conocer verdaderamente su significado e importancia.
Reprochó que a causa de la impunidad y corrupción que opera en el sistema de impartición de justicia, la población no acude al Ministerio Público, ya que saben que la justicia sólo la lograrán si llevan dinero de por medio.
Reiteró que se requiere que la sociedad se involucre para erradicar la impunidad y la corrupción, pero remarcó que el responsable de promover y respetar los derechos humanos es el Estado mexicano, para lo cual es necesaria una transformación profunda del sistema de impartición de justicia.