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CHILPANCINGO, Gro., 12 de mayo de 2021.- El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández consideró que las prácticas de matrimonios forzados o venta de menores de edad en esa zona, existen porque “las instituciones públicas del Estado han dejado en total abandono a las comunidades y a las niñas” de Metlatónoc, Cochoapa El Grande y comunidades indígenas de Tlapa.
Durante la conferencia virtual que llevó a cabo Tlachinollan para informar de la Misión de observación que hicieron organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales en temas de violencia en La Montaña de Guerrero, el director de Tlachinollan hizo referencia a la venta de niñas en Guerrero y al seguimiento de programas de protección.
“Las instituciones tienen un trabajo muy grande, porque han dejado en total abandono a las comunidades y a la niñas menores. Este fenómeno (matrimonios forzados) resalta en comunidades más pobres como en Metlatónoc, Cochoapa El Grande y comunidades indígenas me’phaa de Tlapa”, expresó Abel Hernández
Y agregó: “En esos lugares, el tema de la pobreza extrema, la discriminación, la falta de atención por las instituciones y el analfabetismo, vulnera los derechos humanos de las niñas”.
Abel Barrera indicó que la migración es otro factor que ha contribuido en que la práctica de matrimonios forzados aumente, “porque si el varón emigra, deja sola a su esposa y los suegros intervienen para la venta de las niñas”.
Asimismo consideró que la crisis económica que trajo consigo la pandemia de Covid 19 ha puesto en vulnerabilidad los derechos de las niñas.
De la observación que hicieron organizaciones de derechos humanos, destacó Mario Hurtado de Espacio OSC, quien señaló que su agrupación que representa a más 16 organizaciones nacionales e internacionales, constató que los defensores de derechos humanos y periodistas en Guerrero enfrentan actos de intimidación, hostigamiento, vigilancia, amenazas, ataques a la integridad física e incluso campañas de desprestigio.
También se identificó que las autoridades no cumplen con su labor de generar condiciones de atención y protección para personas defensoras y periodistas, tal situación se agravó aún más con la pandemia de Covid.
Además, dijo que existe una ausencia de medidas preventivas, falta de actuación inmediata por parte de la junta de gobierno, de las comisiones de atenciones a víctimas, de las fiscalías para investigar y no existen sentencias condenatorias de incidentes que se han reportado en Guerrero.