Millonario subejercicio de la 4T en Acapulco

A menos de 30 días de que concluya el año fiscal, el gobierno municipal de Acapulco cuenta con recursos millonarios que no ha aplicado por incapacidad, desorganización, o que fueron otorgados a empresas que no han comprobado la utilización de esos recursos federales, lo que significa un subejercicio que afectará el desarrollo social de los más pobres este y el próximo año, al reducirse la inversión en casi 800 millones de pesos.

Estos recursos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que depende la Secretaría de Bienestar y que aquí maneja la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a cargo de Armando Javier Salinas, político aguirrista convertido al morenismo por la varita mágica de la presidenta Adela Román Ocampo.

De los 398 millones del FAIS otorgados al municipio de Acapulco en 2019 para infraestructura social, los funcionarios de la 4T acapulqueña, las empresas palomeadas por funcionarios y por “el sobrino favorito de la alcaldesa” al que los constructores conocen como The Young Ten Percent, para realizar las obras sólo han comprobado 120 millones de pesos, y el resto, un total de 269 millones, aún no ha sido comprobada su aplicación.

Los 398 millones de pesos del programa de infraestructura social, que son recursos federales que debe ejercer la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para este año, al no utilizarse como exige la normatividad implica que en dos años, 19 y 20, las zonas pobres de este municipio turístico dejarían de recibir de la Federación casi 800 millones de pesos.

El subejercicio de estos recursos federales provocaría la cancelación de obras como “pavimentación de calles, muros y todo lo que tiene que ver con la infraestructura urbana, principalmente en las colonias populares”.

Funcionarios del ayuntamiento que dieron a conocer la información aseguran que si no “se aplica, ese dinero tiene que devolverse a la Federación, y para el próximo año no se lo volverán a dar al municipio, por lo que serían 398 millones no utilizados en 2019 y otros 398 millones que no les asignarían en 2020”.

Los informantes aseguran que “no se sabe las causas por las cuales no se han hecho las obras, pero el tema está haciendo ruido al interior del gobierno municipal, aunque no se ve cómo se pueda gastar tanto dinero en tan pocos días para evitar tener que devolverlo”.

En la página web de la Secretaría de Bienestar se dice que: “El Fondo tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”.

El Fondo de Infraestructura Social Municipal incluye inversiones en programas para “agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura”.

Aunque el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), establece las siguientes obligaciones respecto a la participación social al utilizar estos recursos, el Ayuntamiento acapulqueño nada ha informado y todo se desarrolla en total opacidad.

Según esta Ley es obligación del municipio hacer del conocimiento de sus habitantes “al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios”.

 Además de “promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar”.

“Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.

Aunque hay una ley que mandata informar sobre el otorgamiento, utilización y aplicación de estos recursos federales nada ha hecho el gobierno de la 4T en Acapulco que encabeza la ex magistrada Adela Román Ocampo, para informar de su uso. Un manto oscuro cubre el tema y “sólo se truenan los dedos” porque no saben cómo gastar cientos de millones de pesos en menos de 30 días ¿Podrán sin que lo sepamos?