CIUDAD DE MÉXICO, 20 de mayo de 2020.- En una histórica sesión a distancia, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión discutió en su apartado de Agenda Política el operativo denominado Rápido y Furioso, cuyo escándalo estalló en 2011 por la introducción ilegal de dos mil 500 armas a territorio nacional.

Hace una década, el escándalo estalló en diciembre de 2010 por la muerte del agente Bryan Terry, con un arma proveniente de Estados Unidos. Y antes que cualquier otro tema de emergencia, como la crisis de salud y económica provocada por el virus Covid 19, de conformidad con el acuerdo aprobado en la Mesa Directiva, a la nota diplomática sobre el fallido operativo, inscrito por el grupo parlamentario de Morena, se le dio prioridad en la discusión de este miércoles.

En nombre del PAN y PRI, las senadores Xóchitl Gálvez y Claudia Ruiz Massieu coincidieron que, en lo nacional, la Comisión Permanente tendría que estar hablando de cómo diseñar políticas que permitan cuidar la salud y el bolsillo de las familias mexicanas, así como asegurar la integridad y las condiciones en las que el personal médico está dando la batalla por todos.

La Operación Rápido y Furioso, entre 2009-2011, inició en Arizona en diciembre de 2010, donde se estimaban mil 961 armas vendidas al narcotráfico desde octubre de un año antes y con un gasto de 650 mil dólares con 710 armas recuperadas hasta febrero de 2012.

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