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CHILPANCINGO, Gro., 26 de mayo 2026.- La Misión Civil de Observación-Sexta (MCO-S) respondió que la Secretaría de Gobernación (Segob) mintió, porque no ofreció acompañamiento a la organización durante su recorrido en Chilapa para documentar la violencia.
En conferencia de prensa este miércoles en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en Ciudad de México, cinco integrantes de MCO-S señalaron que Segob tergiversó los hechos, luego de que ellos denunciaron la falta de acompañamiento.
Recordaron que el 18 de mayo, cinco antes de su llegada a Chilapa, solicitaron formalmente el acompañamiento de seguridad a través del Mecanismo de Protección, tal y como lo establece el protocolo, y la petición fue aceptada en inicio, pero al final cambió.
El integrante de la Misión, Jesús Cuéllar indicó que la Segob miente, porque editó un video para plasmar solo el fragmento donde uno de los activistas le pide a los militares que esperen debajo de la comunidad, porque habría asamblea.
"Nos sorprendió porque sí sabemos que Gobernación hace cosas que no van, pero de ese nivel de mentir y recortar videos, no lo habíamos visto, no nos lo habían hecho, pero ya nos lo hicieron", reprochó el activista
La respuesta de la Misión se da luego de que el gobierno federal aseguró que no dejo sin protección a las organizaciones de la Misión en Chilapa y acusó que fueron los propios integrantes quienes rechazaron la presencia institucional.
Ese viernes 22 de Mayo, los integrantes de la Misión Civil de Observación Sexta denunciaron que minutos antes de llegar a Tlapa para reunirse con integrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, recibieron llamadas telefónicas del gobierno federal para informarles que no contarían con seguridad durante el trayecto.
Indicaron que el argumento oficial fue que las corporaciones se encontraban en una reunión de seguridad y paz, por lo cual no tenían capacidad operativa para brindar el acompañamiento.
Los integrantes de la misión consideraron que la negativa de la seguridad por parte de las autoridades obedece a que no querían que organizaciones sociales ingresaran a las comunidades.