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CHILPANCINGO, Gro., 14 de abril de 2026.- El colectivo de familias Guerrero No+ Desaparecidos, cuestionó la selectividad del Estado mexicano en el caso del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza y su padre Juan Vega Arredondo, quienes fueron localizados con vida en Estado de México, horas después de que se reportó su desaparición.
Como informó Quadratín Guerrero, la desaparición del alcalde y de su padre provocó la movilización de fuerzas federales, estatales, inteligencia operativa, despliegue aéreo y coordinación interinstitucional.
En un comunicado, el colectivo afirmó que lo ocurrido recientemente en Taxco deja una pregunta incómoda, pero necesaria: “¿Por qué el Estado mexicano demuestra una capacidad extraordinaria de reacción cuando la víctima es un presidente municipal y su familia, pero permanece omiso, lento, ausente o indiferente cuando se trata de miles de ciudadanos desaparecidos sin cargo público ni protección política?”.
Aclaró que no cuestiona la eficiencia del Estado mexicano en la localización del alcalde de Taxco y su padre, sino su selectividad, "porque mientras el gobierno movía cielo y tierra por un funcionario, en el país hay más de 100 mil familias buscando solas a sus desaparecidos, muchas veces con picos y palas, sin protección institucional y enfrentando riesgos que deberían corresponder exclusivamente a la autoridad. Porque no existe despliegue aéreo para las familias, ni operativos masivos, ni urgencia mediática ni prioridad política".
Agrega que la desigualdad en la reacción institucional no sólo es indignante, sino estructural, porque ese hecho de Taxco se dio en medio del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que afirmó que existen indicios fundados de que las desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al tratarse de hechos generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo que el colectivo calificó como una advertencia internacional extremadamente seria.
El comunicado concluyó en que lo ocurrido en Taxco confirma lo que las familias buscadoras han dicho durante años: “el Estado mexicano sí tiene capacidad operativa, sí tiene inteligencia, sí tiene recursos pero no los aplica con el mismo nivel de urgencia cuando las víctimas son ciudadanos comunes”.