Acusan omisión federal en conflicto agrario en Tlacoachistlahuaca

TLACOACHISTLAHUACA, Gro., 16 de enero de 2026.- El comisariado de Bienes Comunales de Jicayán de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca, Antonio Flores Toribio, acusan al gobierno federal de omisión para ejecutar una sentencia definitiva en un conflicto agrario que se arrastra desde hace varios años.

El representante comunal dijoque los habitantesde la comunidad mixteca están inconformes ante la falta de capacidad de las autoridades para proporcionar alrededor de 200 policías de seguridad pública que resguarden el orden y la integridad física de quienes intervengan en la diligencia de ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, con sede en Acapulco.

Dicha resolución determinó que varias hectáreas de terrenos de cultivo, en disputa desde hace décadas entre los pobladores de Jicayán de Tovar, en Guerrero, y sus vecinos de El Jicaral, perteneciente al municipio de Coicoyán de las Flores, Oaxaca, corresponden legalmente a la comunidad guerrerense.

No obstante, pese a que el fallo es favorable y definitivo, la sentencia no ha podido ser notificada ni ejecutada en dos ocasiones: primero el 8 de octubre de 2025 y posteriormente el 14 de enero de 2026.

En ambos casos, como informó Quadratín Guerrero, la Subsecretaría de Prevención y Operación Policial del gobierno estatal respondió mediante oficio al Tribunal Unitario Agrario que existe una imposibilidad material para cumplir con el requerimiento de seguridad, debido a la falta de personal policial.

En el documento oficial, firmado por la subsecretaria de Protección y Operación Policial, Jesús Castro Gutiérrez, se argumenta que la corporación enfrenta una carga excesiva de trabajo, derivada de la atención de 266 medidas cautelares y de protección; 785 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas; 435 traslados jurídicos de personas privadas de la libertad; 386 traslados médicos; 95 actos de investigación; 83 resguardos en operativos de búsqueda; 12 requerimientos de seguridad en centros hospitalarios y siete resguardos domiciliarios, además de dispositivos programados y emergentes.

Ante esta situación, Antonio Flores Toribio responsabilizó directamente al gobierno federal y dijo que este conflicto agrario ha generado durante años episodios de violencia.