Acusan omisiones institucionales ante crisis de desaparecidos en Guerrero

ACAPULCO, Gro., 3 de noviembre de 2026.- Las investigadoras del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero Rosa Icela Ojeda Rivera y Rosa María Gómez Saavedra, así como la defensora de derechos humanos Fanny Ruth Lara Figueroa, señalaron omisiones institucionales y falta de acceso efectivo a la justicia para familiares de personas desaparecidas en Guerrero, durante el conversatorio por el décimo aniversario de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, organización que comenzó con seis integrantes y actualmente reúne a más de 600 familias.

Durante el conversatorio ¿Cómo se garantiza una vida libre de violencia?, la investigadora IIEPA-IMA de la Uagro y responsable de la unidad de aprendizaje Igualdad de Género, Rosa María Gómez Saavedra advirtió que no basta con contar con servidores públicos sensibles si las instituciones carecen de recursos y compromiso para atender a las víctimas.

“Tenemos que reconocer que vivimos una condición de desigualdad. Vivimos una sociedad patriarcal que se reproduce en las instituciones”, expresó.

Gómez Saavedra señaló que la Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de investigar y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de impartir justicia, y sostuvo que en dichas instituciones persisten dificultades para garantizar el acceso efectivo a ese derecho.

“De nada me sirve que ese servidor público yo lo tenga al millón, pero no tiene el apoyo suficiente para dar ese servicio, para proporcionar ese servicio”, reclamó la exsecretaria de la Mujer de Guerrero.

Pidió además que la legislación relacionada con desaparición de personas cuente con reglamento y presupuesto, y llamó a las familias a exigir al Congreso del Estado los recursos necesarios para su aplicación antes de que la actual legislación concluya.

“No podemos permitir que tengamos una ley que atiende una problemática tan difícil como la desaparición forzada en Guerrero, que tengamos más de cuatro mil desaparecidos y desaparecidas y que la ley se vaya a la Legislatura sin que tenga un presupuesto”, sostuvo.

Cuestionan incidencia parcial de instituciones

La defensora de derechos humanos Fanny Ruth Lara Figueroa consideró que las acciones institucionales han incidido de manera parcial en la vida de las mujeres y cuestionó que servidores públicos encargados de atenderlas desconozcan leyes, derechos y problemáticas relacionadas con las violencias de género.

“Creo que no ha incidido correctamente porque también falta que se investigue con perspectiva de género, lo cual ya es una herramienta fundamental y obligatoria para el Estado mexicano”, señaló.

La exdelegada en Acapulco de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero sostuvo que los cambios de gobierno obligan con frecuencia a reiniciar procesos de capacitación y criticó que personas sin preparación suficiente sean colocadas al frente de áreas encargadas de atender a mujeres víctimas de violencia.

“A veces es empezar, pero no de cero, pero sí volver a empezar, porque ponen al frente de los cargos a personas que desconocen el contenido de una ley, los derechos humanos de las mujeres, las problemáticas a las que se enfrentan”, expresó.

La defensora añadió que no basta con contar con leyes y protocolos si quienes reciben las denuncias carecen de sensibilidad y preparación.

También sostuvo que las instituciones deben investigar con perspectiva de género y capacitar no sólo al personal preventivo, sino a policías, ministerios públicos, jueces y demás responsables de procurar e impartir justicia.

Reconocen lucha feminista por cambios legales

La fundadora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres Hannah Arendt de la Uagro, Rosa Icela Ojeda Rivera destacó que leyes, protocolos y modificaciones en materia de derechos de las mujeres han sido resultado también de la movilización feminista y de años de exigencia social.

Recordó el caso Campo Algodonero, antes mencionado por Gómez Saavedra y que está relacionado con los feminicidios de Ciudad Juárez, como el precedente que modificó la manera de aplicar la ley institucional y jurídicamente ante la violencia contra las mujeres.

Ojeda Rivera señaló que las instituciones tienen una responsabilidad mayor que la sociedad civil porque representan al Estado y cuentan con los recursos y atribuciones para garantizar seguridad, libertad y acceso a la justicia.

“Los ciudadanos, la sociedad civil, podemos y debemos, si queremos, colaborar, pero no tenemos los recursos ni la responsabilidad que tienen las instituciones para responder en la salvaguarda de todos estos derechos”, expuso.

Advirtió además que la violencia se ha normalizado al grado de que las familias han incorporado medidas de autoprotección que no deberían asumirse como condiciones normales de vida.

“Esto que lo hemos naturalizado no es natural, son datos de vivir con horror y con demasiada violencia en nuestra sociedad”, criticó.

Fiscalía reconoce retos y anuncia fortalecimiento

La encargada de la Unidad de Igualdad de Género de la Fiscalía General del Estado, Serelia Díaz Pineda reconoció que la institución enfrenta retos y aseguró que se fortalece la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas mediante más ministerios públicos, mesas de trámite y personal de Trabajo Social, Psicología y peritos.

“Tenemos muchos retos, tenemos mucho que trabajar todavía”, admitió.

Indicó que actualmente existen unidades especializadas en Acapulco e Iguala y que se pretende extenderlas a otras regiones del estado.

Díaz Pineda sostuvo que la sensibilización debe alcanzar a todas las áreas de la Fiscalía porque una víctima no tendría que recibir una atención distinta dependiendo de la agencia a la que acuda.

“No es lo mismo acudir a denunciar a una agencia en donde (se atiende) robo de vehículos, a una Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, que debería de ser lo mismo, porque la sensibilización es para todas y todos los servidores públicos”, dijo.

Añadió que la institución trabaja en mecanismos digitales para presentar denuncias, campañas de prevención y acciones en distintas regiones de Guerrero.