Acusan ONGs omisión ante crisis de violencia e inseguridad en Chilapa

CHILPANCINGO, Gro., 11 de abril de 2018.- Organizaciones de derechos humanos de Guerrero y del país coincidieron en que Chilapa y cinco municipios circunvecinos representan la zona más peligrosa de México, ya que se cometen 136 crímenes por cada 100 mil habitantes y ante esa crisis de violencia e inseguridad ningún candidato presidencial se ha pronunciado por combatirla, y por el contrario, intentarán opacar el problema.

En conferencia de prensa, los representantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, dieron a conocer el informe final de la Misión de Observación en Guerrero, realizada a Chilapa y Chilpancingo los días 19 y 20 de septiembre de 2017.

En dicho documento, dijo Fernando Ríos Martínez de la Red TDT, se muestra el crecimiento de la violencia en Chilapa de 2013 a la fecha, y que a pesar de diversas operaciones de seguridad y visitas de funcionarios nacionales, hasta la fecha no hay un alto a los homicidios.

El representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández indicó que en lo que va del año suman más de 80 asesinatos en Chilapa, de los cuales destacan: 74 entre enero-febrero y 18 de marzo a lo que va de abril. De estos crímenes, 12 han sido de mujeres.

Sandra Alarcón del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan informó que tras el estudio de la Misión de Observación en Guerrero, se obtuvo en registro de que en la entidad existen 322 casos de desaparecidos del ámbito federal y mil 339 desaparecidos del fuero común, más mil 500 personas desaparecidas con denuncia, que son casos que llevan los centros de derechos humanos en Guerrero.

Raymundo Díaz Taboada del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) hizo referencia que tan sólo en tres comunidades de Chilapa (Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima), 530 familias fueron desplazadas por el crimen organizado en 2017 y, que pese a las denuncias, el gobierno estatal brindó acompañamiento minino para la salida de las familias, pero no garantizó su refugio ni brinda condiciones para el regreso de las familias.

Las cuatro organizaciones de derechos humanos exigieron a los gobiernos federal y estatal que establezcan estrategias efectivas para atender el problema de desaparición, fortalecer las instancias de la Fiscalía para la investigación de los casos de homicidios, procesos de diálogo con la sociedad civil, profesionalización de las policías para investigar las violaciones a los derechos humanos, así como la desmilitarización paulatina de la zona al establecer condiciones de trabajo, educación y salud.

Fernando Ríos Martínez de la Red TDT agregó que hasta la fecha ningún candidato presidencial se ha pronunciado con alguna propuesta para hacer contrapeso a la grave crisis que se vive en Chilapa y consideró que todos los aspirantes pretenden opacar el problema y no hay seriedad para una transformación.

Agregó que las organizaciones de derechos humanos valoran y respaldan el esfuerzo del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza quien ha declarado que se ha reunido con capos del narcotráfico para buscar la paz.

Manuel Olivares Hernández agregó que en el caso de Chilapa, ningún candidato de cualquier orden de gobierno representa un cambio “porque de acuerdo a sus actos, obedecen a intereses de grupos delictivos”.

En el caso del alcalde, Jesús Parra García del PRI, que intenta reelegirse, dijo que su participación en el combate a la inseguridad en Chilapa, dejó mucho que desear “porque no participó al combate de la inseguridad y fue cómplice por omisión”.