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ACAPULCO, Gro., 5 de julio de 2025.- Integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia confirmaron que los expedientes de desaparición en esta entidad de Jhonatan Romero Gil, desaparecido en el puerto, y de Daniel Ruano Colón, en Petatlán, fueron admitidos bajo el mecanismo de acciones urgentes por el comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante la 39 edición de la exposición Rostros de la impunidad, en el Zócalo de Acapulco, la madre de Jhonatan Romero Gil, Socorro Gil Guzmán, puntualizó que, tras la respuesta de la Organización de las Naciones Unidas, la Fiscalía General del Estado (FGE) reaccionó con presión hacia las familias, sin planificación adecuada ni garantías de seguridad para las familias que llevan a cabo búsquedas en campo.
“A la mamá de Daniel la buscaron de inmediato para que fuera a ampliar su declaración; le notificaron con dos días de anticipación que habría búsqueda, sin tomar en cuenta a la familia. Así no se puede buscar”, denunció.
Socorro Gil explicó que en el caso de su hijo, desaparecido el cinco de diciembre de 2018, una nueva búsqueda en campo se hará en Acapulco del 8 al 12 y del 21 al 25 de este mes.
Aseguró que fue ella, con apoyo de la colectiva, quien gestionó los puntos de búsqueda y coordinó la logística.
“El Estado nunca ha organizado una búsqueda. Somos las familias quienes aportamos, exigimos y trabajamos en el terreno. Si no lo hacemos nosotras, no hay búsqueda”, reclamó.
Asimismo, denunció la falta de recursos y condiciones dignas para hacer estas jornadas, pues la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) otorga ayuda limitada para alimentos y transporte local.
“No tenemos para hospedaje ni traslados de compañeras que vienen de otros municipios. Muchas veces tenemos que limpiar casas, preparar comida y costear lo básico para poder buscar”, relató Gil Guzmán.
Asimismo, como parte de la jornada de denuncia y memoria, fueron incorporadas a la exposición seis nuevas fotografías de personas desaparecidas, entre ellas la de la doctora Adela Rivas Obé, por petición de su hijo Bolívar Darío Rojas, quien exige justicia.