ACAPULCO, Gro., 24 de mayo 2016.- El ex jefe del departamento jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSP), José Manuel Guadarrama Martínez dijo que demandará al alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre y al síndico procurador Ilich Lozano Herrera ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) por abuso de autoridad.

En conferencia de prensa en el restaurante Astoria en el Zócalo porteño, Guadarrama Martínez expresó que fue asignado por el ex alcalde de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto y aseguró que fue dado de baja injustificadamente por una incapacidad médica durante el paro realizado por policías en 2014, orden que fue emitida por parte del Ayuntamiento a través del Juez Segundo de Distrito.

El ex jefe de departamento jurídico de la  SSP dijo que el juez del Primer Tribunal colegiado en materia administrativa y penal del Vigésimo Primer distrito emitió un fallo a su favor en noviembre de 2015, cuando Velázquez Aguirre ya era presidente municipal.

 La orden era que el Ayuntamiento reinstalara a Guadarrama Martínez como jefe de departamento jurídico de la SSP; que se le pagara las quincenas de su salario de octubre de 2014 hasta mayo del presente año y que el Ayuntamiento pague al Seguro Social para reincorporarlo.

Ante estas órdenes emitidas, José Manuel Guadarrama aseguró que  tanto Evodio Velázquez como Ilich Lozano, quien también está señalado como autoridad responsable en el amparo, no han hecho caso, e inclusive han presentado documentos donde aseguran que ya reinstalaron e indemnizaron a Guadarrama Martínez, lo cual declaró que es falso.

El agraviado aseguró que el Ayuntamiento le debe aproximadamente  329 mil 420 pesos, suma que se acumuló de octubre de 2014, fecha en la que fue dado de baja, a mayo del presente año.

Por último, José Manuel Guadarrama expresó que de no tener respuesta a más tardar mañana miércoles, procederá a presentar la demanda ante la PGR  y sostuvo que el fuero que tiene Velázquez Aguirre es “constitucional pero es municipal” por lo que “no es necesario que se siga un juicio de procedencia ante el Congreso” y al haber cometido, según Guadarrama Martínez, un “delito federal”, el edil porteño podría ir a la cárcel.