Afromexicanas e indígenas, quienes más recurren a abortos clandestinos

ACAPULCO, Gro., 14 de mayo de 2022.- Integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres advirtieron que son las mujeres más pobres, que viven en zonas de alta marginación como las afromexicanas e indígenas, quienes recurren a la práctica de abortos clandestinos y arriesgan su vida al no haber en ellas condiciones sanitarias mínimas.

Las integrantes de la organización feminista expusieron un contexto histórico del movimiento promotor de la Interrupción legal del embarazo (ILE), a unos días de que la iniciativa de reforma para despenalizar el aborto en Guerrero hasta las 12 semanas de gestación sea discutida y votada, luego de que la Comisión de Justicia del Congreso local aprobó el dictamen.

La activista y feminista rural, Soledad Ureiro Bruno informó desde la región de La Montaña de Guerrero que las mujeres que solicitan consejería para la interrupción del embarazo, son habitantes de Tlapa, Copanatoyac, Ocotepec, Xalpatláhuac, Chiepetepec, Metlatónoc y Huamuxtitlán, y han acudido también mujeres de comunidades de los estados de Veracruz y Oaxaca.

La también integrante de la organización Marea Verde informó durante el conversatorio Hablemos de aborto, la reforma histórica en Guerrero, que la falta de intérpretes de lenguas maternas es un tipo de violencia institucional que niega información básica a las mujeres que muchas veces, son monolingües.

Ureiro Bruno comentó que la mayoría de las mujeres que acuden a las consejerías fueron abusadas sexualmente en sus comunidades, son adultas, casadas y cuyas parejas migraron a Estados Unidos.

Antes, la feminista María Luisa Garfias Marín contó que el movimiento organizado de mujeres que promovió la despenalización del aborto comenzó en 1992 durante la 53 legislatura del congreso de Guerrero.

En seguida, Viridiana Gutiérrez Sotelo recordó que la reforma obedece a recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos que en específico recomendó al Estado mexicano y a las legislaturas locales, eliminar los obstáculos para el acceso libre al aborto legal y, en especial a los abortos por violación, ya que en la actualidad las víctimas de violencia sexual deben presentar denuncia penal para interrumpir un embarazo.

“La reforma contiene la homologación a la norma 046 al código penal y en el artículo 159 se encuentran las cuatro causales que si bien, en el código se encuentran vigentes y el aborto es legal en algunas extenuantes, en la práctica es un reto para el sistema de salud atender a las mujeres (…) No estamos en contra de que las mujeres denuncien, sino por el contrario, nosotras celebraríamos que todos los delitos cometidos contra las mujeres fueran investigados y sentenciados, eso sería hacer justicia para las mujeres”, expresó.

Sin embargo lamentó que tal justicia para las mujeres no existe, sobre todo en delitos sexuales cometidos contra los cuerpos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, porque sólo el cinco por ciento de esos delitos son investigados, y de dicho porcentaje, sólo el 0.9 por ciento tienen una sentencia.

Otra participante, la abogada Angie de la Rosa Palafox dijo que en un estado ideal no sería necesario hablar de legalización porque se entendería que con la despenalización sería suficiente garantizar los derechos de las mujeres establecidos internacionales de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Asimismo, Janiseli González y Gabriela Candela Garzón hablaron de su experiencia en el acompañamiento de mujeres en las regiones Centro y Acapulco cuando deciden interrumpir su embarazo.  El panel virtual estuvo moderado por Melanie Aragón.